La Corte Penal Internacional solicitó distinta información sobre las masacres de Allende y el reclusorio varonil en Piedras Negras ocurridas en marzo del 2011, cuatro meses antes del proceso electoral para renovar la gubernatura en Coahuila, pues en 2017 diversas organizaciones presentaron una comunicación de denuncia en torno a delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, a la fecha el organismo no se ha pronunciado. La comunicación fue encabezada en su momento por la directora de las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Jimena Reyes, con la documentación realizada por el Centro Fray Juan de Larios, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras.
Jiménez explicó que en la petición que en ese entonces era la segunda que presentaban en torno a delitos de lesa humanidad cometidos en México, antes fue sobre hechos en Baja California.
Detalló que se le pidió a la Corte Penal Internacional que abriera un examen preliminar sobre los hechos de violencia que se configuraron en delitos cometidos por agentes del estado contra la sociedad, entre los cuales se encuentran desapariciones, detenciones arbitrarias y homicidios.
Dichos actos delictivos se atribuyeron a integrantes de corporaciones policiacas, como el Grupo de Armas y Tácticas Especiales y el Grupo de Reacción Operativa Metropolitana que operaron de manera ilegal durante el gobierno del hoy coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez.
“Se pedía una investigación preliminar sobre la situación de Coahuila y en particular sobre crímenes que calificamos de la esa humanidad y ahí había como dos categorías y una era crímenes cometidos por el cartel de Los Zetas en colusión o con la tolerancia de la fuerza pública, incluyendo la masacre de Allende y la del penal de Piedras Negras”, explicó Jiménez.
Los hechos se desarrollaron entre el 18 al 20 de marzo del 2011 y aunque, desde fuentes oficiales que pedían no identificarlas, se aseguraba que había más de 300 víctimas en Allende y un centenar en el reclusorio, pero la Fiscalía General del Estado sólo tiene consideradas a 42 personas desaparecidas.
La cifra aún es incierta porque en los últimos años se presentaron, después de huir a los Estados Unidos, familiares de otras víctimas no localizadas y representadas por el político y abogado Jesús González Schmall.
La directora para las Américas de la FIDH señaló que hubo un compromiso de la anterior Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, para pronunciarse sobre el caso de México, pero en el 2021 dejó el cargo y no lo hizo.
“Antes de salir dijo en conferencia de prensa que iba a darle una respuesta a las víctimas sobre México y también sobre otra situación que era la de Yemen, y se fue y no nos dio respuesta.
Y después llegó el fiscal Karim Khan, empezó la guerra entre Rusia y Ucrania y hemos solicitado una respuesta que no nos han dado y nosotros estamos absolutamente convencidos de que hay crímenes de lesa humanidad que se cometieron y también de que la situación de impunidad prácticamente total que se da en México, y en Coahuila en particular, sería importante que la Corte Penal Internacional se involucre en las investigaciones. Eso sería muy útil para las víctimas”.
La aparición de otros sobrevivientes de dichas masacres ha dificultado establecer el monto de reparación del daño que precisa la recomendación 10 de Violaciones Graves emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2018 y que debió realizar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del ámbito federal, cuyo incumplimiento motivó el amparo promovido por el abogado coahuilense y la autoridad federal demandó una revisión por considerar que la reparación debe asumirla el estado de Coahuila.
Hasta el momento no se ha resuelto el proceso judicial.