El inicio de las actividades del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios está relacionado con las violaciones que padecían diversos sectores de la sociedad a causa de las actividades económicas en Coahuila.
Con la llegada de Raúl Vera López como obispo de Saltillo se empezó a visibilizar las condiciones de trabajadores obreros en los municipios fronterizos.
También los abusos contra la población migrante a quien se dirigió en primera instancia las atenciones por parte de la iglesia católica y un grupo de sacerdotes involucrados en la problemática social del mosaico geográfico, cultural y productivo de la entidad.
En sus primeras actividades como obispo, Vera López constató la peligrosidad de la ruta que seguían migrantes en su paso por Coahuila rumbo a los Estados Unidos.
No sólo se trataba del tránsito por zonas de riesgo, sino de los abusos que recibían por parte de las fuerzas de seguridad públicas y privadas que causaron la muerte de varias personas de origen centroamericano, además de asaltos y abusos sexuales.
También constató las precarias condiciones laborales de obreros en la industria maquiladora, las cuales eran apoyadas por las centrales obreras adheridas al Partido Revolucionario Institucional.
Durante una homilía en la misma de la bendición de óleos en una iglesia de Piedras Negras lanzó fuertes críticas al sector empresarial de la frontera.
Esto provocó que un grupo de la iniciativa privada y de la clase social mejor acomodada iniciara gestiones para la división de la diócesis de Saltillo y se creara en el 2003 la de Piedras Negras a la que pertenecen los municipios de la región carbonífera y fronteriza de Coahuila.
Previo a ello, Vera López también había tenido información de las condiciones laborales en el sector minero que en su mayor parte operaba sin las medidas de seguridad necesarias, no tenía en el Seguro Social a los trabajadores dedicados a la extracción del carbón y evidenció que estos negocios eran de reconocidos políticos o empresarios ligados al poder y control político en la entidad.
EL CAMINO PARA DEFENDER
En el 2004 queda formalizada la creación del entonces Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y su hoy directora, Blanca Isabel Martínez, señaló que la organización ha pretendido desde sus inicios a develar y visibilizar las causas estructuras que generan las violaciones a los Derechos Humanos y que durante los últimos años alcanzó en las desapariciones de personas el máximo grado al considerarse como delitos de lesa humanidad.
“No podemos obviar que gran parte de estas causas estructurales tiene que ver con las diferentes formas de acumulación de capital de quienes posibilitan, pelean, luchan y exterminan para acumularlo y eso se hace con el uso de la fuerza de trabajo de la población.
Es ahí donde radican las graves violaciones a los derechos humanos y lo que ha generado tanta barbarie en la historia del mundo por la necesidad del control de población y la explotación que estamos viviendo con nuevas formas de esclavitud en pleno siglo XXI”.
Consideró que al no atender estas formas de abuso y violencia, el sistema político- económico es generador de violencia y los gobiernos resultan ser cómplice al no atacar lo que vulnera los derechos humanos.
“En la perpetración de violaciones no pueden los gobiernos zafarse y decir ‘no, yo no’, porque mientras no se tome una postura de luchar contra aquello que genera, y no atacar, las causas estructurales de la violencia que vulnera los derechos, pues son parte y cómplice del sistema”, afirmó
Dijo que un ejemplo de esta complicidad son los casos de desaparición, los cuales persisten en la entidad pese a que la operación y presencia de bandas delictivas ha disminuido, según los discursos oficiales.
El Fray Juan de Larios fue de las primeras instituciones que documentó los casos de desaparición en el noreste del país y en específico en Coahuila.
Durante su trabajo no sólo contabilizó los casos que se fueron incrementando con el paso de los meses, también visibilizó la dinámica para desaparecer personas con la protección desde el gobierno a los grupos criminales.
El caso fue llevado como denuncia en la Corte Penal Internacional, apoyado por colectivos y organizaciones nacionales e internacionales.
El Centro de Derechos Humanos llevó a cabo la organización de uno de los primeros colectivos que formaron familiares de personas desaparecidas en el país, después de Chihuahua.
Así se dio origen a Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, a cuyos integrantes acompañan desde el 2009 que empezaron a llegar las madres y hermanos de hombres, mujeres y niños que fueron víctimas de este delito.
El acompañamiento derivó en incentivar la interlocución con las autoridades estatales y la construcción del marco legal que permitiera considerar el delito de desaparición como vigente y dejar a salvo los derechos laborales de las personas desaparecidas.
Blanca Martínez afirmó que los casos de desaparición, junto con la trata de personas y la explotación a la población migrante, han dejado importantes ganancias a los perpetradores.
“Nosotros como Centro de Derechos Humanos tenemos que responder a las situaciones de emergencia por la violencia encarnizada y por eso es nuestra postura de denuncia y de exigencia para fincar responsabilidades”, consideró.
EL FUTURO
Para la organización hay retos importantes, porque su directora asegura que las formas de explotación se van adecuando a las necesidades del capital, de tal forma que se aceitan o afinan las nuevas modalidades, como el nearshoring que provoca nuevos marcos jurídicos con un discurso ideológico de desarrollo para explotar a la población y mantener el poder.
“Tener poder implica tener el control económico y decidir quién vive y quién muere. Estas formas de explotación con discurso de desarrollo significan que puedo venir y saquear tu patrimonio y te lo dejo hecho basura e inservible porque es mi decisión como dueño de capital. Mañana va a venir una nueva forma de explotación”, concluyó Martínez.