En Coahuila la atención a víctimas está rebasada. El poco presupuesto y personal especializado son una constante en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que tiene a su cargo dar acompañamiento a las víctimas de algún delito o de una violación grave a sus derechos.
En 2016 cuando esta dependencia fue creada se registraron de manera formal para su atención 130 personas y con corte a 2024 sumaron 12 mil 691 personas inscritas al Registro Estatal de Víctimas, es decir, un incremento de 9,662%.
Dicha cantidad contrasta mucho con el personal asignado para su atención inmediata: 19 abogados, 6 psicólogos y tres trabajadores sociales. El tema de la reparación del daño también es otro pendiente.
Esta investigación realizada por Semanario y Heridas Abiertas con base en múltiples solicitudes de transparencia, encontró que en 7 años de existencia, el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral ha tenido aportaciones que suman un total de 4 millones 104 mil 999.23 pesos, una cantidad pequeña si se toma en cuenta el costo individual de algunas reparaciones dependiendo del delito. De hecho, con recursos del Fondo únicamente se han cubierto cinco compensaciones subsidiarias, una figura que contempla la Ley General de Víctimas.
“Una reparación del daño en materia de un homicidio doloso, te va a llevar 500 a 700 mil pesos para un caso, te va a hacer que todo el fondo se vaya. Ya no imaginemos si es una desaparición forzada, tortura, delitos que no se pueden cubrir por parte de la persona”, señala Enrique Martínez Requenes, abogado especialista en materia de derechos humanos.
El fondo no se opera solo, necesita de personal, dice Martínez Requenes. Sin embargo, hay asesores que llevan 200 carpetas y es complejo que se judicialicen y se busque la reparación del daño de las 200.
“Se necesita una cantidad más importante de asesores, personal de las comisiones que den seguimiento a la propia recomendación, que no se quede solo como un papel que le dieron a las familias. Es complejo pensarlo fuera de lo económico”, comenta.
El señalamiento del abogado es certero. La propia CEAV apenas tiene una persona asignada en materia legal para darle seguimiento al fondo, que depende del presupuesto que le asigna el gobierno estatal.
Semanario y Heridas Abiertas buscaron a Ricardo Martínez Loyola, titular de la CEAV en el Estado, para responder a la situación de la comisión frente a los múltiples retos en materia de atención, reparación y capacidad para atender a las víctimas. Pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
NO HAY RECURSO QUE ALCANCE
Enrique Martínez Requenes, encargado de litigio y estrategia internacional del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dice que existe un problema en la CEAV estatal y nacional por el rezago tan grande para brindar la reparación subsidiaria a las víctimas debido a que no tienen fondos suficientes para reparar a todas las personas que tienen alguna sentencia por un delito.
En Coahuila, por ejemplo, de acuerdo con datos del Poder Judicial del Estado, se han dictado 3 mil 808 sentencias desde que entró en vigor la Ley General de Víctimas en 2017, de las cuales en 3 mil 25 se dictó una reparación monetaria que en conjunto suma más de 324.8 millones de pesos.
Sin embargo, la cantidad de reparaciones cubiertas a las víctimas por parte de los perpetradores de los delitos es incierta.
Por ello la Ley General de Víctimas contempla la reparación subsidiaria, es decir, “en lugar de”, explica Lucía Razo, abogada litigante e integrante de la Red de Mujeres de La Laguna. Esta figura significa que si la persona que cometió un delito y a quien se le dictó en la sentencia una reparación del daño, no tiene la capacidad de solventar la reparación, es el Estado quien subsidiariamente tiene que cubrir la reparación. Por ejemplo, en un caso de feminicidio.
“La no capacidad económica de la persona sentenciada, no obstaculiza el derecho a la reparación de la víctima o de las víctimas”, comenta la abogada Lucía Razo.
La Ley General de Víctimas establece que la compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos se cubrirá por la Comisión Ejecutiva con cargo a los recursos autorizados para tal fin o con cargo a los Fondos Estatales, los cuales en Coahuila no son suficientes, a pesar de que la Ley de Víctimas del Estado establece en su artículo 116 que el monto del fondo será de por lo menos el 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos, es decir que en este 2025, el monto del fondo debería ser de al menos 10 millones de pesos, monto que ni siquiera se ha alcanzado en la suma de siete años.
EL CAMINO TORTUOSO PARA UNA REPARACIÓN
De acuerdo con datos del Poder Judicial de Coahuila entregados por una solicitud de información, hay registro de 37 sentencias por feminicidio o feminicidio en grado de tentativa donde se dictó una cantidad ilíquida y en otras 80 sentencias se dictaron reparaciones del daño desde los 5 mil pesos hasta los 5.4 millones de pesos.
En total se han dictado por parte los jueces, reparaciones del daño que suman más de 36.3 millones de pesos por sentencias de feminicidio o tentativa de feminicidio.
Sin embargo, el camino para que esas sentencias lleguen a ejecutarse no es sencillo. Rosa María Rocha, cuya hija Danna Milagros Cigarroa Rocha fue asesinada en 2015, busca la compensación subsidiaria desde hace casi tres años.
“Dicen que lo que queremos es dinero, pues discúlpenme, pero sí porque gracias a eso vamos a poder darle a nuestros nietos una vida no como debe, pero que no tengan que estar padeciendo”, señala.
Rosita tiene presente hace dos años que personal de la CEAV acudió a su casa para entrevistarla y continuar con el proceso de reparación del daño: le hicieron revivir el proceso que vivió por el asesinato de su hija en octubre de 2015.
“Después de estar con ellos se me detectó la diabetes por el impacto de tener que revivir todo, luego me dijeron que ahora tenían que platicar con mis nietos para ver ‘qué tan dañados están’ y les dije lo que pasó conmigo y que no se los iba permitir”, cuenta.
Cristela Soto, compañera de Rosita en la colectiva Madres Poderosas de La Laguna, estuvo presente en esa entrevista y asegura que el trato fue revictimizante desde el actuar del personal jurídico.
“La licenciada hace comentarios tontos porque empieza a poner ejemplos como que un lápiz se perdió y van a regresar otro, me molesté y le paré un alto porque aquí estamos hablando de personas”.
La señora Rocha recuerda que después de que fue sentenciado el responsable del feminicidio (aunque la sentencia fue oficialmente por uxoricidio) de su hija, metió la papelería para poder acceder a la reparación del daño vía una compensación subsidiaria, proceso que en sí mismo fue largo y complicado porque desde el Poder Judicial y la CEAV complicaron el trámite, asegura.
“Siempre me dieron largas porque los jueces no llevaban a cabo el trámite y hasta que pusimos presión con el magistrado Miguel Mery Ayup avanzó”, dice.
Tiene presente que un juez le dijo a su asesora de la CEAV que ella no tendría que hacer nada, que le tocaba al abogado del acusado de feminicidio comprobar la insolvencia y de esa forma dar entrada a la compensación subsidiaria.
“Le dije que claro que no, que íbamos a tener que seguir”, señala Rocha.
La reparación del daño vía la compensación subsidiaria ya está firme, pero la CEAV no la ha aplicado con el argumento de falta de recursos.
“Ya hay la cuantificación y sólo falta que hagan la liquidación, pero me dicen que no hay recursos. Es ahí donde Mayela Cerda y Graciela Gil me dicen que no hay recursos, que tienen que ir a México y que el año pasado hicieron un acuerdo con la CEAV Federal, pero de esto ya va ser un año más”, reclama la integrante de Madres Poderosas de La Laguna.
La señora Cristela Soto critica que ese sea el argumento siempre y por eso ya hasta abordaron al gobernador Manolo Jiménez Salinas para que intervenga.
“El problema siempre es que no hay dinero, aquí es lo que uno le mencionó al gobernador que cómo va ser posible que no haya dinero para estos procesos de feminicidio”, sostiene.
La señora Cristela cuestiona la capacidad del personal de la CEAV y que siempre les dejen a ellas lo más pesado al momento de hacer el trámite.
“No saben ni cómo empezar a hacer una reparación del daño, nosotras no somos abogadas ni licenciadas, pero tenemos que hacer ese trámite y andar investigando para que lo hagan”.
Cristela también busca una reparación del daño por el feminicidio de su hija Daisy Viridiana Martínez Soto en 2016, pero las mismas trabas burocráticas le han impedido concluir el registro.
“Confiamos en las autoridades, pero desgraciadamente hacen el trabajo con los pies. En mi caso ya desde hace mucho se llevó a cabo la sentencia, pero no he podido meter la papelería para una reparación del daño, me están pidiendo que lleve todos los documentos de los dictámenes de mi nieto”.
Reclama que la CEAV debería tener ya este tipo de documentos, pues en su momento le dieron seguimiento al caso.
Tanto la Ley de Ejecución Penal como la Ley de Víctimas solicitan que se acredite que efectivamente el particular sentenciado no tiene la capacidad de pagar.
“Tú como víctima puedes ir ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estatal o federal acompañado de esto y decir bueno, pues es que la persona sentenciada no tiene la capacidad para pagarme. Y te deben de facilitar la solicitud de acceso al fondo que es una solicitud muy sencilla”, asegura la abogada Lucía Razo.
Ahonda en que la Ley General de Víctimas y la Ley Estatal de Víctimas establecen la existencia de un formato para solicitar el acceso al Fondo de Reparación. Una vez llenado el formato, pasa a un Comité Interdisciplinario evaluador que es quien cuantifica económicamente a cuánto correspondería la violación a derechos humanos sin que esto signifique un enriquecimiento para la víctima.
De acuerdo con la Ley, el monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, “será hasta de quinientas Unidades de Medida y Actualización mensuales, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima”.
En el caso de la señora Rocha, la abogada cuenta que recuperaron la historia de violencia, las amenazas y las omisiones para resguardar la seguridad de su hija Danna Milagros y cómo estas violencias afectaron de forma inmediata la vida de los hijos de Danna, nietos de la señora Rocha, así como la afectación directa a la señora, quien vivía como inmigrante irregular en Estados Unidos, y afectación a los otros hijos de la señora que se quedaron en un estado de indefensión en Estados Unidos con el papá.
“Presentamos nuestra propia solicitud, llenamos, cumplimos con la formalidad que nos implica la Ley, pero la acompañamos en nuestra propia solicitud y eso fue en el 2022. A la fecha la señora Rocha no ha recibido ninguna reparación ni siquiera ha sido notificada de la determinación”, cuenta Lucía Razo.
Dice que es complejo que se quiera acceder a una reparación subsidiaria porque la mayoría de las veces no va a haber fondos.
La señora Rocha recientemente se amparó contra la CEAV por su omisión en resolver sobre el asunto de la compensación subsidiaria.
“Lo que hacen es dar largas, tratar de negociar, ponen muchos peros, para que no se proceda con eso”, refiere la asesora jurídica.
POCAS REPARACIONES SUBSIDIARIAS
Las reparaciones del daño asumidas por el estado de Coahuila han sido pocas. La CEAV detalló que han cubierto tres compensaciones subsidiarias por delitos: dos por homicidio y una por feminicidio entre 2019 y 2023.
La primera fue por un monto de 634 mil 301 pesos, otra en 2020 por un monto de 130 mil pesos y una en 2023 por un monto de 585 mil 400 pesos.
Además, dos compensaciones derivadas de Violaciones Graves de Derechos Humanos. En ese sentido, una fue en 2019 y otra en 2020 por violaciones a la legalidad y seguridad y la vida, respectivamente. En estos casos el monto destinado fue de 110 mil 882 y 600 mil pesos.
En el caso de la CEAV federal, respondió a una solicitud de información sobre la cantidad de recurso que ha destinado desde el 2014 al pago de víctimas por concepto de ayudas, asistencia, reparación integral y compensación.
Mientras en 2014 se ejercieron 489.6 millones de pesos, para 2023 fueron mil 213.3 millones de pesos y hasta septiembre de 2024 sumaban mil 39 millones de pesos. Desde el 2020 suman más de 4 mil 883 millones de pesos entregados. Sin embargo, se desconoce la cifra de solicitudes.
José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) asegura que son “complicadas” las reparaciones subsidiarias y que se tienen que analizar los casos específicos.
“Hay un principio de satisfacción de parte. Coahuila tiene ese diálogo, es un diálogo entre víctimas y autoridades. Lleva tiempo, son esfuerzos de largo aliento. Hay que cumplir con el principio de satisfacción de parte, a veces puede llevar tiempo”.
CEAV, PEQUEÑA Y SIN PERSONAL
La CEAV tiene una sede principal en Saltillo y tres oficinas regionales: una en Torreón, otra en Piedras Negras y una más en Monclova. El personal de cada oficina contrasta entre sí, por ejemplo en la Región Centro sólo hay dos abogadas que atienden.
Además, el presupuesto de la CEAV ha sido volátil en 9 años, pues en años va al alza y en otros a la baja. En general ha rondado entre los 12.8 millones presupuestados en 2016, hasta los 24 millones ahora en 2025, equivalente al 0.03% del presupuesto para este año.
Aunado a esto, la distribución del gasto de la comisión resalta que es en su mayoría para mantener al personal que tienen en sus oficinas operativas. Un 77 por ciento de sus recursos lo gastó en nómina, es decir, la nómina que equivale a un presupuesto superior a 16 millones 282 mil pesos en 2024.
Apenas un 10.18 por ciento, equivalente a poco más de 2 millones 126 mil pesos, fueron utilizados en el rubro de ayudas sociales.
El abogado Enrique Martínez Requenes critica que las comisiones estatales de atención a víctimas son pequeñas y no tienen el personal necesario. Además, el personal está para el día a día, la atención en audiencias, trámites, por lo que la parte de la reparación la dejan a un lado, añade el especialista.
Insiste en que no hay un seguimiento efectivo, mientras que al sistema de seguridad pública le va a interesar cuánto tiene, tiempos, y no la reparación.
“Mucho se nos vendía que se ponía a la víctima en el centro, pero te quedas pensando si en verdad fue cierto”.
Uno de esos casos en donde la víctima no ha sido situada en el centro, sino que ha sido relegada por las mismas instituciones, es el de Emma Erika Gómez, víctima de violencia familiar: física y sexual.
Los golpes que sufrió la señora fueron tales, que su expareja la dejó con una discapacidad.
“Me dejó incapacitada, con epilepsia”, dice la señora.
Emma Erika denunció todas las agresiones ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, pero nunca le hicieron caso. Asegura que fue porque la hija de su agresor trabaja en la dependencia.
“Tuve tantas juntas, pero no me ayudaron. Siento que me agredieron más”, comenta.
Entre la violencia institucional que sufrió, relata que repetía continuamente lo que le había sucedido a los funcionarios, la hacían esperar horas, le negaban su expediente o la culpaban de su situación.
Incluso alguna vez, asegura, la directora le gritó que era una “tonta”, “que qué ganaba con denunciarlo”.
“Denuncié y nunca se hizo nada. Mi agresor era una persona con violencia extrema. He pasado por muchas cuestiones que no debí pasar”, relata.
La violencia que sufrió Emma Erika comenzó en 2015 y continuó hasta el 2021, sin que el Centro, que ya tenía advertencias y denuncias, interviniera. En total interpuso seis denuncias, una de ellas por violación. Pero le inventaron que le había firmado el perdón, cosa que afirma, nunca sucedió.
“Si me hubieran hecho caso a la primera, no hubiera seguido con él. Regresaba con él porque no tenía la atención psicológica. Tenía que volver con él porque donde quiera que lo veía me golpeaba. Estaba cegada, en una situación vulnerable”, recuerda.
Hace unos años interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, instancia que dictó la recomendación 60/2022 en contra de la Fiscalía General de Coahuila, el delegado de la Fiscalía en la región Laguna y de los agentes del ministerio público adscritos al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, por la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, ejercicio Indebido de la función pública y falta de debida diligencia con perspectiva de género.
Desde entonces no ha ocurrido nada ni le han reparado el daño. “No me ha servido de nada”, critica. Inclusive tuvo reuniones con el entonces presidente de la CDHEC, Hugo Morales, pero nada trascendió.
La recomendación 60/2022 está en vías de cumplimiento, como otras 274 recomendaciones desde 2018.
Emma Erika dice que siempre la han traído a vuelta y vuelta en todas las instancias, incluida la CEAV. Le hicieron un peritaje en el Centro de Salud Mental que refería estrés postraumático y la necesidad de terapias a causa de la violencia extrema, pero la CEAV no le aceptó el peritaje. En la CEAV se tardaron un año en que le hicieran otro peritaje psicológico y fue gracias a la intervención de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
Menciona que desde que se comunicó a la Conavim, se ha intervenido para que le hagan caso, pero todavía está lejos de tener justicia.
“Tengo infinidad de documentos, mil oficios que no sirven de nada. Yo quiero justicia, quiero una reparación”, exige.
Emma Erika Gómez reclamó por ingresar el padrón de víctimas, pero la CEAV le decía que no servía de nada, relata. Añade que se echaban la bolita entre CEAV y el ministerio público.
“Conavim fue la que me dijo que me tenían que dar un número de víctima, que me metieran a un padrón para tener derecho a una reparación. Que la CEAV me tenía que dar los recursos, medicina, psiquiatra, psicólogo, como víctima los necesitaba. Nunca hizo nada hasta que intervino la Conavim”.
SIN REPARACIÓN NI ACCIONES DE CEAV
Lucía Razo, abogada que lleva el caso de la señora Emma, explica que en el resolutivo de la recomendación 60/2022, se establece un apartado que habla de la reparación del daño, pues la considera víctima a consecuencia. Sin embargo, en la misma no se exhorta a la CEAV a que desarrolle las recomendaciones.
“En un primer momento la CEAV de Coahuila no le quería dar la orientación para que de conformidad con la ley ella llenara su solicitud. El abc, es que llenas una solicitud, para acceder al derecho y la CEAV te tiene que responder si procede tu solicitud, e investigar a cuánto asciende tu compensación, de manera formal”, explica la abogada Razo.
Cuenta que no le querían dar la calidad de víctima porque en la recomendación no venía establecida una indemnización, pero el formato habla del derecho humano de la reparación del daño, dice Lucía Razo.
La especialista menciona que en los resolutivos le dan distintos apartados de restitución, pero no de repetición y satisfacción. “Te pone el derecho, pero no lo desarrolla”, señala.
A la señora Emma le debieron dar su número de expediente o la negativa a la solicitud para acceder al padrón de víctimas. Sin embargo, sólo le dicen que no alcanza la reparación del daño porque no viene especificado en la recomendación, que “para qué quiere un título de víctima”, refiere la abogada que le indican.
Para la señora Emma es como si le hicieran un favor. Conavim le aseguró que le tenían que dar la calidad de víctima.
Emma Erika asegura que la recomendación está parada. Ella asegura que la siguen revictimizando.
La abogada Lucía Razo comenta que la asesoría debe cubrir en un primer momento una orientación no solo por su condición de víctima, ya sea por delito o violación de derechos humanos, sino también a diversos derechos y procedimientos que la misma Ley reconoce. “Mínimo llenar un registro de víctimas”, dice.
En el caso de Emma Erika, la representante refiere que a pesar de que se le ha proporcionado documentos a la CEAV, al solicitarle diversas cuestiones de acceso al fondo, desconocen la situación. “Como si no se tuviera integrado el expediente o si no hubieran realizado las mismas gestiones”.
A la fecha a Emma Erika no le asignan un número de expediente y continúa con muchos procesos abiertos en búsqueda de acceso a justicia.
RECOMENDACIONES AMBIGUAS Y VAGAS
Para la abogada de la Red de Mujeres de La Laguna, Lucía Razo, las recomendaciones son ambiguas y vagas, pues considera que tendrían que ser más precisas en el tema de la reparación.
“Es algo que se observa en muchas recomendaciones”, señala. “En sus resolutivos no exhortan a que se haga efectivo. No puedes dejar un derecho ahí suelto”.
Por ejemplo, en la recomendación de la señora Emma Erika se menciona el derecho a la reparación del daño en la esfera material e inmaterial, incluida la indemnización compensatoria, pero como dice la abogada, nunca se exhorta a hacerla efectiva, sino que únicamente se hace mención del derecho.
Para la abogada, si instituciones como CEAV no quieren atender más a la víctima, deben hacer lo posible por sacarla de su condición, concluir los procesos y no administrarlos.
“Es más idóneo que si no quieren reparar víctimas, o realizar gestiones, que las saquen de esta calidad concluyendo los procesos”, comenta Razo.
Para Emma Erika Gómez, las mujeres víctimas de violencia no tienen justicia, ni indemnizaciones, ni atención, ni reparaciones. Para ella los expedientes ni la palabra sirven.
“No sé para qué están las instancias si no sirven para nada”, comenta.
Por eso, es tajante al señalar que no sólo es víctima de su agresor, sino también de todas estas instancias públicas.
REPARACIÓN MÁS LEJANA PARA LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN
La reparación del daño está más lejana para las víctimas indirectas de desaparición forzada o por particulares en la entidad, pues debería ir de la mano de la justicia que en Coahuila es prácticamente nula.
“La ley es muy clara en que la reparación del daño como tal la van a tener aquellas familias que ya tengan una sentencia, ¿quiénes van a tenerla? Nadie, porque no tenemos quién es el culpable o un juicio como tal, ¿cuántos están judicializados? Puedes contar con una mano y te sobran dedos”, afirma Silvia Ortiz, vocera del colectivo Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA).
Basta con checar los procesos judiciales derivados de este delito para comprobar la aseveración.
Según el Poder Judicial de Coahuila, en la entidad existen sólo cuatro sentencias por el delito de desaparición forzada, cifra que contrasta mucho con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que da cuenta de un histórico de 3 mil 658 ausencias.
En dichas resoluciones emitidas entre 2017 y 2024 fueron señalados como responsables integrantes de corporaciones municipales de Torreón y Saltillo, además de una estatal.
Además, por el delito de desaparición por particulares hay 8 sentencias más, de las cuales cuatro corresponden a hechos ocurridos en Torreón, dos en Monclova, uno en Sabinas y otro en Piedras Negras.
El Poder Judicial precisó también que hay 7 procesos en curso por el delito de desaparición por particulares al corte de febrero de 2025.
Sin embargo, pese a existir 12 sentencias por desaparición forzada y de particulares, solo hubo una reparación del daño dictada en materia económica por una resolución en junio de 2022 en Piedras Negras y una sentencia de 16 años y 7 meses de prisión.
El propio Poder Judicial establece en la sentencia 0184/2022 una cantidad de 2 millones 992 mil 823 pesos que debe cubrirse de manera subsidiaria por el fondo que administra la CEAV, “ya que el acusado manifestó bajo protesta de decir la verdad que no cuenta con recursos económicos ni bienes muebles o inmuebles para hacer frente a dicha reparación del daño aunado al hecho de que está privado de su libertad”.
A pesar de eso, a casi tres años de esta resolución no ha sido cubierta la compensación por la CEAV. Un dato relevante es que el monto es superior al del presupuesto promedio anual del Programa de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (PROFADE) que asciende a 2 millones 659 mil 418.1 pesos y tiene mil 626 personas en su padrón.
LO DESAPARECIERON, APARECIÓ ASESINADO Y SE NIEGAN A REPARAR
Even Cerda Gómez desapareció el 21 de mayo de 2022 en Torreón. Iba a cumplir 19 años cuando no regresó a casa después de visitar a su novia.
Lo último que informó es que policías municipales lo habían detenido.
“Me agarraron los puercos… Pero ya me regresaron mis cosas, y voy para la casa… Hay te platico mañana amor… Si no aparezco hablas devolada va?… A quien sea”
Fue lo último que escribió a su novia. Even no apareció.
“Levanté la denuncia por teléfono, me dijeron que si ya habían pasado 72 horas. Me comentan que pasando ese tiempo comienzan a buscarlo. Me preguntan que si estaba involucrado en eventos como vender drogas. Él andaba en bici, trabajaba en un restaurante”, platica la madre.
Después de días la madre comenzó a recibir amenazas. Que dejara de andarle moviendo, le decían. Que su hijo ya no iba a aparecer, que dejara de hablar con la Fiscalía.
Un año después, la Fiscalía le informó que habían encontrado a su hijo.
“Lo encontraron a los 8 días de haber desaparecido. Fue lo que me dijo Fiscalía, en la carretera Mieleras, en Rancho Alegre. En un terreno baldío, lo calcinaron. Que no lo habían entregado porque las pruebas de ADN se tardaban mucho”, recuerda.
Los restos de su hijo fueron entregados en un paquete, como una caja bien sellada, describe la madre. Con una leyenda que decía: “no abrirse”. “Me dijeron que era mi hijo, que tenía prohibido abrir la caja”.
Enrique Martínez menciona que un juzgador federal consideró que tenía todos los elementos de una desaparición forzada, por lo que se brindó un amparo y se dictaron medidas de reparación.
“La Fiscalía de Personas Desaparecidas peleó en un Tribunal Colegiado que no se podía publicar la carpeta. Una medida es que todos conozcan cómo están investigando la desaparición. El Tribunal afirmó que sí se podían publicar. Manda dictar y seguir la investigación por desaparición y una serie de medidas interesantes que han quedado estancadas”, comenta Enrique Martínez sobre el proceso de reparación a la madre.
Sin embargo, el amparo establece que la CEAV tiene que darle la reparación del daño, pero nunca dice si la estatal o federal.
“Vas con una y te dicen que no. Tienes que resolver. Tiene muchos obstáculos el caso, el amparo es para que se investigue por desaparición forzada, pero la Fiscalía no quiere seguir esa línea, sino por particulares”, señala Martínez.
Isabel Gómez Martínez lamenta que a la fecha no se haya detenido a nadie. Dice que siempre preferiría a su hijo antes que dinero. “Ni todo el dolor que siento”, comenta. Asegura que su familia se destruyó desde la desaparición y asesinato de su hijo y que el gobierno tiene que responder porque fueron servidores públicos los que hicieron el daño.
Recuerda que el sueño de su hijo era poner un negocio de barbacoa que ella pudiera atender. “Siempre me decía que iba a juntar dinero para poner un negocio”, recuerda.
La madre dice que desde entonces la vida no es la misma y que eso no se repara con nada. Al final, simplemente pide que no le quiten la ayuda que le da el psicólogo.