En junio de 2019, la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero encabezó junto con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, un acto de disculpa pública por la Masacre de Allende ocurrida entre el 18 y 20 de marzo pasado de 2011.
El acto fue motivado por la recomendación 10VG/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un año antes y en la que el organismo pidió también investigar a los funcionarios públicos responsables de la barbarie y una reparación integral del daño para las víctimas indirectas que hasta hoy sigue en el aire.
Silvia Garza Villarreal es una de las víctimas de desplazamiento forzado que dejó la masacre orquestada por Los Zetas en complicidad con funcionarios y policías municipales.
A 11 años de distancia sigue en Eagle Pass, Texas, en Estados Unidos. Ni la Federación, ni la autoridad coahuilense han resuelto la reparación integral que considera el patrimonio que su familia perdió.
“Necesitamos que el gobierno se haga responsable de pagar las consecuencias de no haber salvado a nuestros familiares. La masacre se hizo a sabiendas de lo que estaba pasando, lo permitieron y hasta lo ocultaron por años”, reclamó.
Indicó que en su caso es consciente que sus 17 familiares desaparecidos ya no regresarán y por eso lo mínimo que piden es una solución para recobrar el patrimonio forjado por años.
“Esta espera me revictimiza mucho, pues en el 2019 se comprometió Olga Sánchez Cordero en representación de Andrés Manuel López Obrador de hacer una reparación y es fecha que no han hecho nada ni en lo más mínimo como prediales o tenencias”.
Señaló que los gobiernos Federal y Estatal se “avientan la pelotita” y ninguno se hace responsable de los dictámenes que deben emitirse para garantizar la reparación.
“La última mesa de trabajo fue en diciembre de 2019 y ni siquiera estuvo Riquelme ahí. No les interesa y no hay voluntad porque todo es mera simulación”.
Consideró que la omisión de los diferentes órdenes de gobierno pueden deberse a que, al hacerse responsable de lo ocurrido en Allende, se sentaría un precedente que no les convendría en otros escenarios.
“Les hemos mandado varios oficios a diferentes dependencias y si acaso algunas nos han dado acuso de recibido, pero no nos resuelven y yo creo que por la magnitud de la masacre le están sacando y una reparación así no tiene precedentes”.
Garza Villarreal lamentó que en una entidad como Coahuila sigan los créditos millonarios para financiar la nómina en algunas circunstancias, pero no haya recursos para ayudar a los huérfanos que dejó la masacre y que quieren continuar con sus estudios.
Sobre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que mantenga a Luis Crecencio Sandoval como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cuando pasó frente a sus narices la masacre.
“Me preocupa el hecho de que una persona con ese perfil frío y mercenario esté a cargo de ese puesto”.
Sin embargo, tampoco deja de lado señalar la responsabilidad que tuvieron expresidentes y exgobernadores.
“Yo acuso a Felipe Calderón y Humberto Moreira como los narcopolíticos que permitieron la masacre. Todo esto se pudo haber evitado y no hicieron nada”, señaló.