Las evidencias de que los mecanismos de registro y seguimiento a niños, niñas y adolescentes desaparecidos en Coahuila tienen deficiencias siguen saliendo a la luz. Casos como el de Laura Valeria Ramos Ríos, quien desapareció a la edad de un año el 7 de octubre de 2017, junto con su madre Liliana Leticia Ríos Villela, … Read more
Los actos delictivos dejan consigo un rastro de violencia que se traduce no sólo en homicidios, sino también en desapariciones.
Las denuncias de periodistas quedan almacenadas y prescriben sin encontrar culpables, mientras que los crímenes recientes fueron manejados con mentiras y dejando a un lado la actividad periodística de los occisos.
En México, uno de los países más peligrosos para periodistas, los gobiernos estatales han creado instancias de protección que existen sólo en el papel porque no tienen presupuesto asignado,o personal suficiente y adecuado, ni se coordinan con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Este 2022 se cumplen diez años que las familias Pérez Rodríguez y Mendiola Acosta iniciaron la búsqueda de sus familiares desaparecidos en la carretera 85, que atraviesa el municipio de El Mante, en Tamaulipas, un territorio asolado por la violencia del crimen organizado. Sus búsquedas han dado respuestas sobre qué pasó con cientos de personas desaparecidas en esa región inhóspita.
Las infancias y adolescencias desaparecidas sufren una doble revictimización. Ni autoridades estatales ni federales llevan un conteo exacto de la niñez desaparecida.
En un país con más de 100 mil personas desaparecidas sólo existen 36 sentencias por desaparición forzada. Algunos integrantes del ejército, la Marina, agentes ministeriales o policías federales y locales han sido llevados a tribunales; pocos han sido encontrados culpables. Las penas que han recibido son mínimas. El más claro reflejo de la impunidad está en que, durante casi todos los juicios, no se ha logrado conocer el paradero de las víctimas.
Pese a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres admitió la violencia feminicida de Coahuila, las autoridades locales aparentaron atender las recomendaciones y así evadir que se activara una Alerta de Género.
Una de cada 10 personas desaparecidas y no localizadas ha sido encontrada con vida, mientras que 24 ministerios públicos cargan sobre sus espaldas un promedio de 67 carpetas de investigación. Pareciera una lucha de David contra Goliat.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Aunque la ley establece obligaciones para las prisiones en el Estado, como el abastecimiento de medicamentos y artículos de aseo para los internos, las cinco cárceles de Coahuila incumplen este mandato. ¿Quién absorbe entonces los gastos que le corresponden al gobierno?