Culiacán, Sin.- En Sinaloa habrá un laboratorio con 10 personas encargadas de darle nombre a más de 2 mil cuerpos de personas no identificadas, un trabajo que comenzará en el mes de agosto.
Estarán en el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, uno de los proyectos más ambiciosos de la administración de Rubén Rocha Moya.
“Estamos haciendo todo lo humanamente posible”, dijo Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos en Sinaloa.
El Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana en Culiacán será prácticamente eso, un lugar temporal para los 2,321 cuerpos restos u osamentas que han sido enterrados en fosas comunes, en las morgues de funerarias y en las instalaciones del Servicio Médico Forense.
“Creemos que en los próximos tres años se podrá lograr algo”, mencionó Figueroa al ser cuestionada sobre ser un centro de resguardo temporal.
Ese centro estará ocupado por 10 especialistas en temas forenses, como registros genéticos, analistas químicas y antropólogas se hagan cargo de darle nombre a la mayor cantidad posible de personas.
“Las irán conociendo”, señaló Figueroa, que ha contado con más de 95 millones de pesos en casi tres años para poder lograr resolver una crisis forense que comenzó con “guerra contra las drogas”.
Además de el de Culiacán, habrá otros dos centros, uno en Mazatlán y otro en Los Mochis, que servirán solamente para la toma de muestras y el resguardo de los cuerpos.
¿CÓMO INICIÓ LA CRISIS FORENSE?
El plan comenzará con algo que ya se denominó “etapa cero”, que consiste en hacer exhumaciones en fosas comunes, de donde se sacarán cuerpos, restos u osamentas que yacen dentro de bolsas de plástico color negro junto con botellas de plástico, recicladas de refrescos, que contienen un pedazo de papel con el número de expediente de cada cuerpo enterrado.
De acuerdo con solicitudes de información hechas a la Fiscalía General del Estado, en 2005 se hizo un acuerdo de palabra con empresas funerarias para poder procesar cuerpos de personas asesinadas en sus instalaciones.
Ese acuerdo de palabra consistió también en poder mantener los cuerpos bajo resguardo hasta que apareciera algún familiar a reconocerlos. Con el tiempo y las centenas de asesinatos que se fueron registrando los años posteriores, durante la llamada “guerra contra las drogas”, se llenaron las morgues de las funerarias.
La opción sanitaria fue enterrar cuerpos en 15 panteones públicos de todo el Estado, pero los registros quedaron en libros que se fueron haciendo viejos.
“Estamos tratando de que este proceso sea con amor”, expresó Figueroa, al reconocer que la historia de esas personas enterradas ha sido borrada también, afectando a miles de familias que, es posible, estén buscándolos.
En 2016, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información, una gran parte de esos registros de cuerpos enterrados no existían sino en las memorias de veladores o los libros de panteones resguardados en diversas oficinas de ayuntamientos.
Por ejemplo, en Guasave, donde hay una fosa común con más de 100 cuerpos de personas no identificadas, el libro de registros se resguardó en la oficina de Cultura municipal.
Dos años después, la Fiscalía General del Estado, entonces a cargo de Juan José Ríos Estavillo, reconoció una crisis forense que podía medirse con números: 2,321 cuerpos, restos u osamentas de personas sin identificar.
LA “ETAPA CERO”
A la llegada de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, en 2021, el primer evento público fue una reunión con personas buscadoras, la mayoría madres, esposas y hermanas de personas desaparecidas, quienes pidieron hacer un cambio en la política forense.
La petición coincidió con el plan federal del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, cuyo propósito es darle nombre a más de 50 mil personas en todo el país, con centros como el de Sinaloa, pero ubicados en los estados con más problemáticas, entre ellos Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, San Luis Potosí y Michoacán.
“A la fecha hemos bajado más de 95 millones de pesos, somos el estado que más fondos ha podido bajar”, presumió Figueroa sobre los recursos que debieron ser aplicados para la construcción de los edificios, donde además de áreas para la toma de muestras y laboratorios deben contar con espacios como si fueran vitrinas para resguardar huesos, también refrigeradores y gavetas especiales donde serán colocadas esas personas sin nombre.
La “etapa cero” consistirá en ir sacando esos cuerpos donde yacen para llevarlos a espacios dignos, pero también en un registro genético con familiares de personas desaparecidas como método de búsqueda.
Se hará lo que se debió hacer por la Fiscalía General del Estado, la cual el marzo de 2023 firmó un convenio de colaboración para que sea esta nueva dependencia la que se haga cargo de la crisis.
Pasando esa etapa, la cual durará años -según Figueroa- el gobierno de Sinaloa deberá crear nuevos espacios funerarios, llamados “panteones forenses”, para resguardar ahí a las personas que no logren ser identificadas.