Hace 11 años, el 20 de octubre del 2010, fue el día de la última llamada que un grupo de siete hombres realizaron para avisar a sus familias que habían sido privados de la libertad. Desde entonces:
Alberto y Agustín Hernández Guerra, José Luis Hernández Gómez, Javier Hernández Huerta, Javier Huerta Ontiveros, José Leopoldo Cortés Cortés, Pablo Ponce Guerra se encuentran desaparecidos.
Los siete hombres, originarios de Michoacán, habían viajado a Coahuila para vender muebles rústicos que fabricaban en su propia casa. Unos días antes, Flor Estela Rodríguez Villarreal, originaria de Tamaulipas, también desapareció en la zona; lo mismo pasó con Héctor Rángel Ortiz, de Querétaro; los hermanos Daniel y Rafael Zavala Martínez, junto a Rafael Zavala Contreras; José Antonio Robledo Fernández y muchas personas más.
De las 562 personas reportadas como desaparecidas en Coahuila en ese año, 518 (92%) no han sido encontradas hasta la fecha. Eso representa 60% más que la media nacional, de acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Lamentablemente, las estadísticas de desapariciones en la entidad continúan subiendo. De 2010 a septiembre de este año se contabilizan 2,516 personas reportadas como “no localizadas” en Coahuila, la tasa de localización sigue siendo desalentadora: solo una de cada 10 personas reportadas como desaparecidas son localizadas.
Entre enero y septiembre de este año, un promedio de cinco personas desapareció cada semana en Coahuila, lo que lo ubica en la posición 15 de 32 con más desapariciones del país.
Si bien Coahuila se ha distinguido por la creación de leyes en el tema de la desaparición (Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en el 2014, Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas en el 2016 y la Ley en Materia de Desaparición de Personas en el 2018), esto no ha sido suficiente para frenar las mismas.
La búsqueda
Las familias no pueden ni quieren esperar más. La angustia y falta de respuestas las ha llevado a lidiar con la enfermedad y la pérdida, pero ahí están, exigiendo acción y resultados. El olvido no tiene lugar en esos casos, la resiliencia sí.
Después de varios años de espera, trabajos de búsqueda de campo comenzaron el pasado 20 de septiembre en Monclova, Coahuila, y junto con ellos esperamos que la colaboración entre la Fiscalía de Personas Desaparecidas, la Dirección General de Servicios Periciales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, así como del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) -como peritos independientes- traigan resultados claros y esperanza para las familias.
Los retos siguen siendo importantes: el gobierno de Coahuila cuenta con herramientas importantes para la búsqueda e identificación de personas, pero se necesita una voluntad clara para que realmente sirvan para lo que fueron creadas: localizar, identificar y restituir.
Como organizaciones acompañantes de las familias de las personas desaparecidas, el Centro para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” y la Fundación para la Justicia y (FJEDD) las seguiremos apoyando e impulsando procesos de búsqueda, verdad y justicia, apegados a los derechos y dignidad de las personas.