Texto de Emilia Holstein e Ishbel Cora con reportería de Facundo Verdún y Tonás Lima
“Tengo que estar en un proyecto en el cual no tenga que irme cuando las relaciones se terminen”, pensó Damián Rocha en 2006. Damián es gay. De joven fue expulsado de su hogar por su orientación sexual. Luego convivió con una pareja pero tras separarse de ella volvió a quedarse sin un techo propio. Esta situación lo llevó a sumarse a la cooperativa uruguaya LGBTI+ 28 de Junio, que luchaba por construir hogares para personas de estas poblaciones.
Hoy, Damián es el miembro más viejo de “la Cope”, como le dicen sus integrantes. Él estuvo presente durante los casi 15 años que les llevó conseguir todo lo necesario para construir un edificio para 13 núcleos familiares en el barrio Ciudad Vieja, en Montevideo. Felizmente, varios de esos apartamentos los ocupan hoy personas LGBTI+ que durante años enfrentaron múltiples obstáculos para tener dónde vivir. “No fue fácil, pero tampoco imposible”, dice ahora Damián. “Viendo todos los procesos, la verdad que fue muy productivo”.
El acceso a la vivienda en Latinoamérica es un tema espinoso que se vuelve aún más complejo cuando se trata del colectivo LGBTI+. Entre 2014 y 2020, al menos 1.292 personas fueron asesinadas en esta región por su orientación sexual o identidad de género.
Estos crímenes de odio son solo la punta de un iceberg profundo de violencias y marginalización que se replica en todos los ámbitos de sus vidas: desde la salud y la educación hasta el acceso a una vivienda digna.
Según explica la experta en derechos humanos y de vivienda, Carla Escoffie, “cerca del 25% de la población joven en situación de calle es LGBTI+”. Esta cifra es resultado de la discriminación y exclusión que sufren estas personas desde edades tempranas. Muchas de ellas deben salir a trabajar para subsistir, lo que les impide terminar los estudios y acceder a trabajos calificados. Tampoco pueden obtener créditos bancarios y sufren discriminación a la hora de alquilar vivienda.
En lo que va de siglo hemos visto a algunos países de la región aprobar legislaciones y programas que reconocen el derecho de las personas LGBTI+ a la vivienda. Es el caso del Programa Habitar en Igualdad, en Argentina; la Ley Integral Trans, en Uruguay; o la Ley de Vivienda Justa, en Puerto Rico, por poner varios ejemplos. Sin embargo, muchos de estos avances todavía no se traducen en mecanismos concretos que aseguren un mayor acceso a vivienda a las poblaciones LGBTI+, en especial a aquellas en condiciones más vulnerables.
Por esa razón, en este reportaje te presentamos cuatro proyectos de Uruguay, Argentina, México y Puerto Rico que han logrado darle casa a varias decenas de personas LGBTI+ en condiciones vulnerables. Hablamos de iniciativas con un impacto muy reducido todavía en términos numéricos, pero también de vías alternativas que la sociedad civil puede seguir, o al menos tomar de referencia, para mejorar las vidas de pequeñas comunidades.
Cooperativa 28 de Junio: 20 años de lucha por un piso propio en Montevideo
Quizás la más conocida sea la Cooperativa 28 de Junio, la primera de su estilo en LATAM que busca garantizar el acceso al derecho a la vivienda digna a integrantes del colectivo LGBTI+, que gracias a la unidad de sus miembros logró construir en Montevideo, Uruguay, un edificio de 13 apartamentos en los que actualmente viven varias familias LGBTI+.
La Cooperativa fue fundada en 2004 como una alternativa a la falta de leyes y programas estatales centrados en habilitar viviendas para personas LGBTI+. Fue la primera organización uruguaya en pensar soluciones habitacionales para estas poblaciones, algo en lo que persistieron aún cuando la lucha por sus derechos no tenía casi apoyo social.
Según el historiador y experto en políticas públicas y diversidad sexual Diego Sempol, el acceso a la vivienda para las personas de la diversidad ha ido cambiando en los últimos 40 años en Uruguay. Antes, se les cobraba dos o tres veces más que a una persona cis-heterosexual y era imposible que pudieran comprar una vivienda. Hoy esta situación se está diluyendo, aunque sigue siendo un problema para decenas de miles de personas LGBTI+ de los sectores más pobres.
A inicios de los 2000, el contexto era más adverso que el de hoy. Como dijo Damián, no fue fácil. Durante años, la Cooperativa, formada fundamentalmente por personas LGBTI+, enfrentó muchas trabas burocráticas, financieras y logísticas para constituirse y echar a
andar. De hecho, no fue hasta 2018, 14 años después de su surgimiento, que sus integrantes pudieron comenzar a construir en un terreno cedido por la Municipalidad de Montevideo, gracias a un crédito del Banco Hipotecario Uruguayo.
Para ello, apostaron por el modelo de cooperativa de ayuda mutua. Todos sus integrantes depositaron un capital inicial para conformar “la Cope” y aplicar al crédito. Todos, también, ayudaron a construir el edificio en el que viven hoy. Durante los cuatro años que duró la construcción, por ejemplo, se turnaron para quedarse a dormir en el lugar y evitar ocupaciones o robos.
Durante ese tiempo, los vecinos fueron un gran problema. Y no necesariamente por el ruido o el polvo proveniente de la obra, sino por el odio y la discriminación. Lourdes Olivera, una de las habitantes del complejo que no forma parte del colectivo de la diversidad, recuerda que algunos vecinos insultaban y ofendían a los cooperativistas que sí lo eran, algo que la ayudó a entender las violencias que viven diariamente estas personas.
Aun así, ellos respondieron con inclusión. Y es que la Cooperativa 28 de Junio nunca fue un espacio exclusivo para personas LGBTI+. A lo largo de todo este tiempo, también ha estado compuesta por personas cis-heterosexuales. Algunas de ellas, como Olivera, ocupan con sus familias varios departamentos del edificio, algo que demuestra lo erróneo de creer que este tipo de proyectos fomentan una lógica de “ghettos” o exclusión social. En “la Cope”, todas las personas son bienvenidas siempre que compartan el espíritu cooperativista.
De acuerdo con sus reglas, los departamentos no son propiedad exclusiva de quienes los viven, si bien pueden ocuparlos hasta que deseen. Debido a que los trece departamentos ya están ocupados, los miembros de la cooperativa crearon una Comisión de Educación y Fomento. Su objetivo: socializar sus experiencias para ayudar a otras personas, LGBTI+ o no, a encontrar soluciones inclusivas para acceder a una vivienda digna.
Esta es una necesidad a corto, mediano y largo plazo, sobre todo para las personas LGBTI+ adultas mayores. En general, dice Diego Sempol, las vejeces están pensadas desde una perspectiva cis-heteronormativa, que tiene en su centro a la familia nuclear de padre, madre e hijos. Por eso, cree necesario pensar una política de vivienda que tome en consideración el cuidado de las disidencias sexuales. “Problematizar esta lógica e introducir variables de co-residencia es una buena estrategia para empezar a pensarlo”, dice.
Mientras tanto, el trabajo de la Cooperativa 28 de Junio es un buen punto de partida y referencia.
Condominio Social Tutelado: un departamento seguro para personas trans argentinas
Adriana Cuello, más conocida como “La Tucu” o “Gaviota”, es una mujer trans de 56 años que nació en la provincia argentina de Tucumán —de ahí su apodo— y comenzó a ejercer la prostitución a los 11 años, cuando sus padres la echaron de casa y tuvo que empezar a ganarse la vida por su cuenta.
En un comienzo, migró a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se unió a una familia de “travas” que “hacían la calle” y se cuidaban entre sí. Años más tarde, cuando la Capital
ya era inhabitable para ellas debido a la persecución policial y la discriminación, se mudó con unas pocas pertenencias a la provincia de Neuquén, donde vive desde entonces.
La Tucu recuerda que aquí —al igual que en el resto del país— los arrendatarios se aprovechaban y les cobraban dos o tres veces más que a una persona cis por el alquiler de espacios pequeños y en malas condiciones. Durante años se sostuvo a través de la prostitución y de su red de amigas.
Seguramente La Tucu nunca pensó tener una vivienda propia. Hasta que en 2020, la hermana Mónica Astorga, de la Orden de las Carmelitas Descalzas de Neuquén, le comunicó a ella y a La Pelusa, una de sus compañeras, que tenía una vivienda para cada una de ellas en el Condominio Social Tutelado para personas trans. “Lloré por una semana”, recuerda ahora en el living de su casa. “Este departamento me cambió la vida”.
El Condominio Social Tutelado es una iniciativa impulsada por la hermana Mónica Astorga que busca brindar un hogar a personas trans en condiciones vulnerables. Se trata de un complejo de 12 viviendas inaugurado en agosto de 2020 en el barrio de Confluencia, en la capital de Neuquén. Los departamentos son de 40m2 con dos ambientes (living y habitación) y están equipados con cocina y baño completo, calefacción y termotanque, además de un balcón individual o un pequeño patio interno.
“La hermana Mónica pensó en este proyecto porque las personas trans no teníamos en ese momento acceso a la vivienda ni a ningún derecho”, cuenta Katiana Villagra, Coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y directora para la Inclusión de las Personas Trans del Gobierno de Neuquén.
En efecto: en Argentina, el 64,6% de las personas travestis y trans viven en una habitación de hotel o en una pensión, según una investigación de Mocha Celis y el Ministerio Público de la Defensa. Además, se encuentran en una situación de precariedad generalizada: su esperanza de vida se encuentra entre los 35 y 40 años, cuando el promedio nacional es de
78. En la mayoría de los casos, sufren de exclusión del hogar a edades tempranas, lo que les dificulta acceder a la educación y, en consecuencia, al trabajo formal. Debido a esto, la salida laboral más usual es la prostitución.
La hermana Mónica se interesó por “las chicas”, como llama cariñosamente a las mujeres trans y travestis, en 2006, cuando Villagra le dijo que su sueño era tener una cama limpia para morir. “Siempre las invité a soñar, pero había que ayudarlas a hacer realidad ese sueño”, dice Astorga. Desde ese momento, comenzó a buscar los medios para conseguirlo.
Gracias a la tenacidad de todas y a cierta ayuda del obispado y un vecino, inauguraron inicialmente la Casa Santa Teresita del Niño Jesús de la Familia Grande Hogar de Cristo, un espacio de acompañamiento para personas trans con adicción a drogas y en situación de prostitución. Pero esto no era suficiente.
Por eso, tiempo después, Astorga empezó a entrevistarse con funcionarios municipales para que la ayudaran a conseguir un terreno donde construir un condominio para las chicas. Y lo logró, pese a tener al obispado en contra.
El reto siguiente fue convencer a los vecinos de que las chicas no iban a usurpar la tierra, sino a construir un proyecto amigable. Pero no fue tan fácil. Previo a la inauguración del condominio, algunas personas del barrio entraron a robar. Pese a esto, Astorga y las chicas lograron su propósito.
Las viviendas, que requirieron de una inversión de 27 millones 600 mil pesos (78.800 dólares a enero de 2024) por parte del gobierno de Neuquén, se entregaron bajo la figura de comodato a 12 mujeres trans de entre 40 y 70 años. Astorga eligió a las beneficiarias tomando en cuenta su edad y vulnerabilidad. En el complejo existen normas de conducta y convivencia que buscan mantener un ambiente pacífico entre las habitantes y el barrio. Su cumplimiento es supervisado por el padre Diego Canale y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Entre otras cosas, les prohíben a las chicas ejercer la prostitución, vender drogas o realizar cualquier otra actividad ilegal en los departamentos. Quienes no cumplan estos requisitos, plasmados en el contrato, deberán irse.
Los contratos de las personas adultas mayores que ingresaron desde el inicio fueron establecidos de por vida. Otros, los más recientes, se renuevan anualmente. Las beneficiarias únicamente deben hacerse cargo de los servicios de agua, luz y gas. Las unidades son transferidas a otras mujeres trans en caso de fallecimiento de sus habitantes actuales, de que decidan irse o de que no respeten los acuerdos de convivencia.
El Condominio Social Tutelado cambió la vida de las personas trans que recibieron una vivienda allí. Todas las beneficiadas a las que se pudo contactar sostienen que este les permitió dejar la prostitución, conseguir trabajos estables, dejar de consumir drogas y construir una comunidad que las contiene. “Es la primera vez en la historia que una monjita hace algo por nosotras. Nunca nos dieron nada, ni el gobierno ni nadie. Después que pasó esto con la hermana Mónica Astorga, ahí sí se abrieron algunas puertas”, concluye La Tucu.
Cooperativa Xochiquetzalli: construir en colectivo en la Ciudad de México
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género de 2021, alrededor de cinco millones de mexicanos se identifican como parte de las poblaciones LGBT. Sin embargo, factores como la discriminación y el no respeto a sus derechos humanos dificultan su acceso a una vivienda digna.
Octavio Mandujano (34) lo sabe. Como hombre gay y activista de las comunidades LGBTI+, sabe lo que es convivir con roomies y caseros discriminadores que no le permiten disfrutar libremente su orientación sexual. “No decía nada para evitar que me sacaran, que me trataran mal o que me subieran el precio de la renta”, recuerda. “Incluso tuve que ocultar relaciones”.
En los últimos años, 27 estados mexicanos han realizado avances importantes respecto al matrimonio igualitario y la identidad de género. Sin embargo, a nivel social la experiencia de Mandujano sigue siendo bastante común. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), en 2022 tres de cada 10 personas en México no estaban dispuestas a rentarle su casa a una persona transgénero, transexual, travesti, homosexual o lesbiana. Para muchas parejas del mismo sexo es común que les nieguen la renta de una vivienda, ser desalojadas o acosadas por sus vecinos.
Para las personas trans es peor. De acuerdo con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este continúa siendo un grupo precarizado y excluido en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos el del acceso a una vivienda digna. Muchas huyen de sus casas a edades tempranas debido a la violencia y luego, por lo general, viven en hoteles y moteles. Difícilmente pueden soñar con una casa propia.
Mandujano decidió crear la Cooperativa Xochiquetzalli para tratar de darle una vuelta a esta situación. “No solo queremos una vivienda digna y asequible, sino también libre de discriminación y de violencias”, resume.
La Cooperativa Xochiquetzalli nació en 2019, cuando Mandujano realizaba una maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. Mientras revisaba el marco legal de vivienda de la Ciudad de México (CDMX), se percató de que las comunidades LGBTI+ no estaban enlistadas como un grupo de atención prioritaria, a pesar de que la Constitución de la ciudad las reconoce como tal.
Para ese momento, México tampoco contaba con cooperativas de vivienda para las poblaciones LGBTI+. Fue entonces que Mandujano decidió inspirarse en el modelo de la Cooperativa 28 de Junio, de Uruguay, y fundar la Xochiquetzalli como una alternativa para las personas LGBTI+ que no tienen los recursos para acceder a un crédito de vivienda y adquirir un espacio propio.
Inicialmente, la cooperativa estaba conformada por alrededor de 41 familias, si bien en la actualidad cuenta con 21 personas que se reúnen regularmente para motivar a otras a formar sus propias cooperativas. A pesar de que esta no cuenta todavía con un suelo o una estructura donde asentarse, sí está registrada oficialmente y ha ejercido cierta influencia para lograr avances legales concretos respecto al derecho de las personas LGBTI+ a una vivienda digna.
Por ejemplo: a partir de su activismo y cabildeo, Mandujano recibió apoyo del actual Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, José Luis Rodríguez Díaz de León, para reformar la Ley de Vivienda local. Ahora, esta permite que las personas LGBTI+ de la ciudad adquieran una vivienda a través de un modelo cooperativo, algo que pueden lograr a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).
El INVI es un caso único en México. Funciona como un organismo público descentralizado del gobierno de la CDMX. Este tiene la función de atender a quienes estén en una situación de riesgo y necesiten acceder a una vivienda en la capital. Para ello, ofrece un crédito al que pueden aplicar cooperativas de vivienda, algo que ya puede hacer la Xochiquetzalli gracias a la labor de Mandujano.
El problema es que, a diferencia de antes, el INVI ya no cuenta con una cartera de suelos y tampoco otorga créditos si el aplicante no cuenta de antemano con un terreno. Sin terreno, no hay crédito de vivienda. “Ahorita la parte complicada es la búsqueda de suelo”, explica Mandujano.
La razón por la cual la Cooperativa Xochiquetzalli no ha adquirido un suelo se debe a los altos costos que han adquirido estos en la CDMX. Según Mandujano, esto se debe al boom inmobiliario que la ciudad ha experimentado en los últimos años, que no está exento de
actividades delictivas. “Aquí en la CDMX el incremento del precio del suelo ha sido muy grande”, dice. “Tenemos un problema de gentrificación y de acaparamiento del suelo por parte del cártel inmobiliario”.
Carla Escoffié, especialista en derecho a la vivienda, llama la atención sobre la necesidad de atender esta problemática. “De qué le sirve a un joven un crédito si su salario no le da para pagarlo o si todos los terrenos están acaparados y únicamente le quedan opciones muy alejadas de su trabajo, de su vida social, de sus círculos de apoyo, de sus espacios laborales, de los espacios culturales y políticos?”.
En efecto: estas situaciones obstaculizan que quienes conforman la cooperativa accedan a un terreno. Pero aun así sus integrantes no se rinden, mucho menos después de haber logrado una importante reforma legal. Actualmente exploran la posibilidad de exigirle al Estado que garantice el acceso al suelo, o bien que les entreguen algún inmueble que haya sido expropiado por actividades delictivas.
“Hay diferentes figuras legales que pueden garantizar el acceso al suelo, a la vivienda social”, explica Mandujano. “También nos estamos apoyando de otras cooperativas para ver si entre varias podemos adquirir un suelo y que en ese mismo predio se construyan varios edificios, cada uno propiedad de una cooperativa distinta”.
Mientras tanto, les integrantes de la cooperativa se reúnen una vez al mes para ver distintas cuestiones de lo que llaman “educación cooperativista”: avances legales del proyecto, planificación de talleres y fortalecimiento de sus lazos de amistad. Además, continúan trabajando su caso en Hacienda para poder recibir donaciones que les permitan sustentar el proyecto hasta el final.
Gaia Arcoíris: vales para un alquiler seguro en Puerto Rico
En Puerto Rico existe un problema de acceso a la vivienda. No es un problema nuevo. En 2017, antes del paso catastrófico del huracán María, más de la mitad de los boricuas dejaban una tercera parte de su sueldo solo en el pago de alquiler. Desde entonces la situación ha ido a peor. Sobre todo desde que los inversionistas se aprovecharon del mercado de alquiler a corto plazo y de la compra de propiedades para revender a otros inversionistas, especialmente en las áreas costeras, explica Raúl Santiago Bartolomei, profesor de la Universidad de Puerto Rico.
Como resultado, los puertorriqueños han visto reducirse sus posibilidades de acceder a una vivienda asequible. Esta situación redunda en un problema todavía más grande para las poblaciones LGBTI+ en Puerto Rico, que además deben enfrentarse cotidianamente a la discriminación laboral y social, e incluso en centros de salud.
Meses atrás, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo y el diario El Nuevo Día identificó que algunos centros de cuidado prolongado discriminan a personas mayores de las comunidades LGBTI+. Y esto es solo la punta del iceberg. “Tenemos muches niñes cuir en las calles que son expulsados por sus familias en la adolescencia y no tienen a dónde ir”, dice Ysatis Santiago Venegas, persona no binaria que ejerce como planificadora.
Según Venegas, para muchas personas LGBTI+ la decisión de buscar un espacio seguro comienza entre los 13 y los 15 años. Los hogares que construyen, generalmente con otras personas de estas comunidades, son su único espacio seguro, pero no todos pueden hacerlo. Y ahora, con la situación general de la vivienda, muchos más quedan en una situación vulnerable, algo que el Gobierno debería considerar para su política pública.
Aquí hay que decir que, al ser una colonia, el grueso de la política pública de vivienda subsidiada y asequible de Puerto Rico depende mucho de lo que haga el gobierno federal de Estados Unidos. No obstante, Venegas cree que el Estado/Gobierno puertorriqueño tiene poco o ningún interés en atender la necesidad de vivienda de las comunidades LGBTI+ que sí podría resolver por su cuenta. “Las comunidades LGBTI+ no son una prioridad para el Estado”, dice.
En el 2021, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) presentaron en la Cámara y el Senado un proyecto de ley para promover la vivienda libre de discrimen contra adultos mayores de las comunidades LGBTI+. Sin embargo, el proyecto no ha sido aprobado por las autoridades pertinentes, incluyendo al gobernador Pedro Pierluisi, que lo devolvió en agosto de 2022.
En cambio, muchos de los proyectos e iniciativas que atienden la necesidad de vivienda en Puerto Rico son creados por organizaciones sin fines de lucro. Si bien estas no tienen los recursos necesarios para brindar soluciones permanentes, sí se preocupan por aliviar la situación de pequeñas comunidades vulnerables. Es el caso de la organización comunitaria Proyecto Matria.
En 2013, esta organización fundó un programa de vivienda permanente para personas LGBTI+ subsidiado por el Departamento de Vivienda de los Estados Unidos. El programa duró muy poco debido a su complejidad, pero ello no hizo que Proyecto Matria abandonara su cometido. Ese mismo año lanzó el programa de vivienda transitoria Gaia Arcoíris, dirigido a mujeres lesbianas y personas trans que necesitan vivienda debido a situaciones de violencia doméstica o sexual, acecho o trata humana.
Básicamente, el objetivo del proyecto es ofrecerles una oportunidad de vivienda transitoria. Gracias a fondos de personas, fundaciones y organismos estadounidenses, Matria les asegura vales (vouchers) con los cuales pagar el alquiler durante dos años. Así, ahorrándoles su principal gasto, esperan que estas personas puedan concentrarse en alcanzar una estabilidad económica, explica Enid Pérez, coordinadora de política pública de la organización.
El personal de Gaia Arcoíris elige a las beneficiarias luego de evaluar factores como sus posibilidades reales de acceso a una vivienda, servicios de salud, seguridad alimentaria y otros riesgos. Desde el 2016, cerca de 76 personas se han beneficiado directa o indirectamente de esta iniciativa.
Actualmente, el programa tiene una capacidad máxima de 10 espacios o vales por año y se concentra en zonas metropolitanas como San Juan y Caguas, si bien esperan expandirlo a otras zonas de Puerto Rico. Sin embargo, Gaia Arcoiris no es ajena a los retos que supone encontrar una vivienda digna y asequible en la isla.
El principal problema es que casi todas las viviendas de Puerto Rico están ocupadas. Pese a que la organización cuenta con un banco propio de información sobre arrendadores que normalmente le serviría para identificar y asegurar los mejores alquileres para sus beneficiarias, ahora mismo no le sirve de mucho. “Hay vales y hay fondos, pero se ha hecho bien difícil identificar las viviendas”, dice Pérez.
Otro problema es que algunos arrendadores que sí tienen espacios disponibles no aceptan los vales de Gaia Arcoíris. Tampoco permiten que la organización inspeccione que los departamentos estén libres de daños y filtraciones, que cuenten con sistema eléctrico y plomería y sean espacios libres de violencia, un requisito de Gaia basado en que ya antes una persona beneficiaria del programa fue víctima de robo e invasión a su privacidad.
En tercer lugar, está el hecho de que la cantidad de dinero que el programa de vivienda transitoria asume por persona depende de su composición familiar y el municipio de residencia, según lo establecido por sus donantes. Todo esto obliga a muchas de las personas beneficiarias del programa a buscar ellas mismas los departamentos, algo que se vuelve cada vez más difícil. “La mayoría de los apartamentos que uno va a ver dentro del rango de precios están en condiciones deprimentes”, dice una persona beneficiaria del programa que solicitó mantener su anonimato.
El último gran reto del programa es el sostenimiento de sus propios trabajadores. Según Pérez, la mayor parte de los fondos del programa son restrictivos, es decir, que otorgan el dinero para pagar los vales o servicios, pero no para los salarios de las ocho personas empleadas por Matria. Como el Estado/Gobierno no cuenta con fondos para financiar estos servicios, el programa no puede emplear a más personas que ayuden a aquellas que lo necesitan.
Aún así, el programa Gaia Arcoíris no deja de ser un referente importante. Y no solo porque concentró ayudas para al menos 76 personas durante los últimos ocho años. También porque apuesta por una alternativa que, pese a imperfecta, puede ser replicada y perfeccionada por otros colectivos interesados en ayudar a grupos vulnerables a acceder, directa o indirectamente, a una vivienda digna.
Esta investigación fue realizada por la 7ma Generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y está disponible en la web https://viviendalatam.distintaslatitudes.net/