“El monstruo que destruyó aquí a San Felipe fue la totoaba. Gracias a eso mucha gente volteó a ver este lugar, fue cuando empezó el narcotráfico a entrar más duro. Era un pueblito mágico hace años. Era chiquitito, bien bonito, todo mundo que venía no se quería ir porque había mucha paz, mucha tranquilidad, por eso hay mucho americano, pero ahora ya tienen también miedo”, cuenta un familiar de una persona desaparecida en esta localidad de Baja California.
San Felipe se convirtió en el séptimo municipio del estado en enero de 2022. Su centro, ahora cabecera municipal, es el puerto, localizado a 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, en el Alto Golfo de California. A la pesca de una especie endémica, la totoaba o corvina blanca, se atribuye la fundación del pueblo en la década de 1920; su comercio creció hasta que la sobreexplotación derivó en la veda permanente de su captura en 1975. Hoy, la pesca de la totoaba es ilegal y la especie está en peligro de extinción.
Otra actividad económica importante en el municipio es el turismo, principalmente de norteamericanos atraídos por sus playas; con la sierra desértica de fondo y un mar apacible en el horizonte, es un imán para vacacionistas. En 2020 había poco más de 17,000 habitantes; entonces, ¿cuándo dejó de ser San Felipe un apacible pueblo pesquero?
“La gente se siente amenazada. Aquí ya no es un pueblo seguro como lo fue antes, gracias a que empezó el tráfico de la totoaba”, señala el entrevistado, que pide no ser mencionado con su nombre. Una petición que, por razones de seguridad, hicieron también otras ocho personas, habitantes de la localidad, consultadas para este reportaje.
La captura de la totoaba pudo ser el origen de asentamientos humanos en la zona, pero después se convirtió en uno de sus principales problemas debido a que se continúa pescando y comercializando de manera ilegal. Su vejiga o buche, según la medicina tradicional china, tiene propiedades afrodisiacas y medicinales –lo cual no ha sido probado científicamente–, y en el mercado asiático es considerada un manjar. Su valor por peso ha llegado a superar el de la cocaína, de acuerdo con la investigación Adictos al anzuelo de la organización estadounidense C4ADS. Las altísimas ganancias y las rutas establecidas para su tráfico hacia la frontera norte fueron los atractivos principales para que los grupos de la delincuencia organizada tomaran desde hace una década el control de esta actividad ilegal en la zona.
“Este era un lugar tranquilo, limpio, ahora vino mucha gente de fuera que lo único que quiere es explotar el animalito, el pescado ese, la totoaba”, lamenta un comerciante y habitante del puerto.
Con la atención internacional puesta en la conservación de las especies endémicas del Alto Golfo de California, durante décadas los esfuerzos institucionales se han centrado en evitar la desaparición de la vaquita marina –catalogada en peligro crítico de extinción desde 1996–, que se ha visto afectada por la pesca furtiva de la totoaba.
“Las autoridades mexicanas han luchado por enfrentar el problema con un poco de ayuda de parte de gobiernos extranjeros que reconocen el tráfico de totoabas como un problema de conservación, pero no como un problema sustancial de criminalidad o seguridad”, apuntó C4ADS en su informe, elaborado en 2017.
El panorama se agravó en años recientes con el avance de los grupos del crimen organizado, que han extendido su dominio a la pesca legal, de acuerdo con lo documentado por Vanda Felbab-Brown, investigadora del programa de Política Exterior de la Brookings Institution, en el informe La caza furtiva y el tráfico de vida silvestre ligados a China en México. A partir de entrevistas a funcionarios, productores y exportadores de mariscos, representantes de cooperativas y federaciones de pescadores, biólogos marinos y organizaciones defensoras del medio ambiente, señala que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, junto con sus aliados locales, compiten por el control de la venta de los productos del mar a restaurantes y hoteles en zonas como Ensenada y Rosarito.
La lucha por acaparar el mercado de la pesca legal e ilegal ha generado enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa por el dominio de las rutas de traslado de estos productos y el control de los puertos del Alto Golfo, como en el caso de San Felipe, donde han sido asesinados mandos de la policía municipal. Una situación que tiene como consecuencia el silenciamiento de sus pobladores, que por miedo prefieren no denunciar la desaparición de sus familiares. Así, un delito que va al alza no se ve reflejado en las cifras oficiales, sino en el relato de sus habitantes.
“Varios cárteles se están peleando la plaza, es por eso que tanta gente ha desaparecido”, añade la fuente. “Pero no hay denuncias, muchas veces los amenazan [a los familiares] para que no pongan la denuncia”.
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La brisa marina dificulta la labor de un grupo de mujeres que intenta pegar en un poste de luz oxidado boletines de búsqueda de personas desaparecidas; una manipula la cinta adhesiva mientras sus compañeras sostienen las hojas de papel para que no se las lleve el viento; se mueven juntas, cual cardumen. Forman parte de la cuarta Brigada Estatal de Búsqueda de Desaparecidos, junto a participantes procedentes de una decena de estados del país. En este mediodía del jueves 20 de abril de 2023 recorren el muelle del puerto de San Felipe, donde hay poco movimiento: tan solo unas embarcaciones encalladas, un oleaje taciturno, un par de pescadores que entran y salen de un depósito de cerveza y que, cuando ven al grupo pegar sus boletines, evitan cualquier interacción.
María Estela Valenzuela Grijalba viene desde Ciudad Obregón, Sonora, literalmente a un mar de distancia, o unos 1,100 kilómetros viajando por tierra. Busca a sus hijos Claudia Isabel y Gustavo Burgos Valenzuela, desaparecidos el 11 de marzo de 2008 en Tijuana. En el muelle se acerca a una vendedora de pescado, le muestra sus fotos y hace la misma pregunta que repetirá durante los quince días que dura la búsqueda en el estado: “¿Los reconoce? ¿Los ha visto? Son mis muchachos”. La vendedora, originaria de San Felipe, mira unos segundos las caras y niega con un movimiento de cabeza. María Estela le da más detalles y después de algunos minutos comienzan a conversar.
“Aquí hay muchos. Ahorita yo creo que llevamos como unas 28, 29 gentes desaparecidas; que han levantado, pues, dicen que son levantones”, explica la vendedora. Afirma que en San Felipe hay otras madres como María Estela que han empezado a buscar a sus seres queridos rumbo al poblado de Las Minitas, al sur del puerto, que ahí han encontrado cuerpos. Pero la mayoría de las familias no salen a rastrear, cuenta, principalmente por temor, porque las han amenazado.
El 18 de abril, dos días antes de que la brigada llegara a San Felipe, unos pescadores descubrieron que en sus redes había quedado atrapado el cuerpo de un hombre. La prensa local informó que el cadáver, que tenía amarrada un ancla a la cintura, fue identificado como el Cholo, originario de Puerto Peñasco, Sonora. El hecho fue comentado, con cautela, por habitantes de San Felipe. “Lo sacó una red; si no, no lo hubieran encontrado nunca”, dice la vendedora.
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El silenciamiento
“Tenemos conocimiento de personas que no han tenido acercamiento con la autoridad por miedo, por amenazas”, dice Alfredo Hernández Leyva, jefe de departamento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali y coordinador de la búsqueda. “Sabemos que hay muchos más [desaparecidos] que ni siquiera están siendo buscados ni hay una denuncia por parte de su familia”.
El funcionario es también representante e integrante de Madres Unidas y Fuertes, uno de los colectivos que organizaron la brigada; su hermano, el agente ministerial Diego Alonso Hernández Leyva, permaneció desaparecido desde el 11 de enero de 2007 hasta septiembre del año pasado, cuando sus restos fueron identificados. Como funcionario y a título personal, Hernández Leyva ha apoyado múltiples búsquedas en San Felipe, que está a dos horas de viaje en auto de Mexicali, la capital del estado.
La falta de denuncia o de registro de las desapariciones ocurridas en el municipio plantea de inicio la existencia de una cifra negra; después, la dificultad de conocer la dimensión y las causas del delito.
El hecho de que San Felipe dejara de ser una delegación de Mexicali trajo una serie de cambios en su administración, pero las cifras de personas desaparecidas en la localidad antes de 2022 siguen integradas a las de la capital. Aunque los datos estatales no son los más fiables.
De 2006 a 2022, en Baja California se abrieron 17,306 carpetas de investigación por el delito de desaparición, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) a Elementa DDHH. Sin embargo, la organización considera que no se puede determinar la magnitud del fenómeno debido a que las cifras entre instituciones son dispares, pues el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que concentra la información de fiscalías y comisiones locales y es coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), reporta durante el mismo periodo 4,177 personas desaparecidas.
La razón de esta disparidad, según consigna Elementa DDHH en el informe Desaparecer en Baja California, es que la FGE “no ha cumplido con su obligación de enviar la información correspondiente a la CNB para que se publique en el registro nacional”. Hasta el 26 de octubre de 2023, según el RNPDNO, 2,597 personas permanecían desaparecidas y no localizadas en el estado.
Renata Demichelis, coordinadora de la oficina en México de la organización, añade que la FGE les dio cifras sobre San Felipe considerado aún como delegación; reportó una sola carpeta iniciada por el delito de desaparición hasta el 31 de diciembre de 2022. En una segunda solicitud de información, en la que pidieron específicamente los datos del municipio desde su creación en enero del año pasado, la fiscalía respondió con un número distinto: cinco carpetas abiertas por desaparición hasta junio de 2023, cuatro correspondientes a 2022. El informe de Elementa DDHH registra también el hallazgo de una fosa con 207 restos.
“Hay obviamente mucha discrepancia incluso en los registros que la fiscalía nos envía, pero lo que sí estamos viendo es un incremento y una frecuencia muy preocupante de las desapariciones”, agrega.
Por otro lado, de 2020 a mayo de 2023, la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP) reportó 1,550 folios de búsqueda iniciados por desaparición y 1,115 activos en el estado. Aunque desde este año el organismo considera a San Felipe como municipio, hasta el 19 de mayo era el único con cero folios.
Demichelis menciona otra cifra que evidencia el silenciamiento de la población, obtenida de la base de datos que hizo pública en agosto la CNB, referida a las circunstancias en que se producen las desapariciones.
“Para el caso de Baja California, casi el 70 por ciento está registrado como ‘se desconoce’, y mucho de esto lo vemos porque hay mucho miedo. Dicen: ‘Sí sé cuál es una probable circunstancia de la desaparición, pero no quiero [decirlo] porque si no, no van a salir a buscar a mi familiar. O no quiero represalias”.
Pero es un hecho que en el municipio hay más desaparecidos de los que reportan las autoridades. En la página de Facebook del colectivo San Felipe Unido por sus Desaparecidos, hasta mayo había publicado información sobre 16 personas desaparecidas en los últimos cinco años; once en 2022 y 2023. La mayoría son hombres, solo una es mujer; de los casos en que se registra la edad, seis tienen de 30 a 40 años, y tres de 20 a 30. Se especifica también que dos personas fueron sustraídas de su domicilio.
No solo la información en redes sociales, sino también funcionarios públicos locales, comerciantes y familiares de desaparecidos entrevistados en San Felipe, que han pasado toda su vida en el puerto, señalan un repunte del delito en 2022.
“Yo pudiera calcular que son arriba de 30, 40 personas desaparecidas en no menos de un año. Te estoy dando unos números que posiblemente no son los reales; no te voy a decir que son menos, pero pueden ser más”, señala Hernández Leyva.
Los testimonios de habitantes del puerto coinciden, y la negación a hablar abiertamente del problema confirma el estado de silenciamiento que predomina en San Felipe.
“Tiene poquito, como de unos dos años para acá, que se ha puesto bien feo”, comenta un funcionario local.
“En 2022 aquí se desató [la violencia] porque hubo balaceras, supuestamente porque estaban peleando la plaza. Pero hubo muchas personas inocentes [desaparecidas], que decía uno, ¿por qué? Uno se preguntaba el porqué”, dice el familiar de una víctima.
“En una semana se levantaban a tres, a cuatro, a cinco; desaparecían. Hay muchos que no han encontrado por ningún lado, en este año. Era tranquilo, pero ahora se vino la delincuencia para acá”, agrega una comerciante del puerto.
El dominio de los cárteles
Según estimaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el kilo de vejiga de totoaba puede valer entre 5,000 y 8,500 dólares en México; su precio aumenta conforme la carga es transportada desde las comunidades pesqueras hasta su destino de consumo. Un solo buche cuesta alrededor de 1,500 dólares en México, 5,000 en Estados Unidos y 10,000 en China, calculó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
El alto margen de ganancia incentiva a los grupos de la delincuencia organizada a controlar la cadena de suministro, considera Felbab-Brown.
“En algunos casos”, escribe la investigadora, “los grupos criminales han traído a pescadores de otros lugares de México para participar en una bonanza de pesca ilegal en una localidad en particular. Por ejemplo, el Cártel de Sinaloa hace mucho tiempo lleva a pescadores de Sinaloa a pescar furtivamente totoaba en San Felipe, Baja California”.
En el documento publicado en marzo de 2022, Felbab-Brown detalla una serie de prácticas de los delincuentes para hacerse con el control de la industria pesquera legal e ilegal, desde extorsionar a pescadores y cooperativas, hasta obligar a los pobladores a venderles su producto, fijar precios por debajo del valor de mercado, e incluso pagar la pesca con drogas como la metanfetamina.
“Hacen demasiado dinero, la gente [de San Felipe] está acostumbrada a gastar en dólares. Hubo mucho dinero y el gobierno también está hasta las manitas, y no quiere dejar de tener ese dinero”, dice un habitante de la localidad para explicar el complejo panorama socioeconómico de la región y por qué existe desconfianza en los pobladores para denunciar delitos como la extorsión, las amenazas y las desapariciones.
La ruta principal del tráfico de la totoaba, que va de San Felipe a Mexicali, Tijuana y Ensenada, ha recibido el nombre de “ruta narcobuchera” porque también es utilizada para mover drogas, según lo documentó C4ADS mediante el cruce de datos de incautaciones de ambos productos. Además, la organización consideró a San Felipe un punto “neurálgico” de la ruta.
“De Puerto Peñasco, para no pasar por la revisión de San Luis [Río Colorado], es más fácil cruzar por mar. Se dejan venir de Sonora o de Sinaloa, cruzan y bajan en San Felipe porque la zona del lado de la sierra es una de las más peleadas, porque te da a [los pueblos de] Ojos Negros o San Vicente, para el lado de Ensenada, y es más fácil subir a Tijuana y no pasar por ninguna revisión”, explica Hernández Leyva.
Así, la lucha por el dominio de las rutas de tráfico se ha extendido al control del sector pesquero en la región. “En los estados del noroeste: Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, los grupos del crimen organizado, especialmente el Cártel de Sinaloa, han buscado monopolizar la pesca tanto legal como ilegal a lo largo de toda la cadena de suministro vertical”, señala en su informe Felbab-Brown.
De acuerdo con las dos investigaciones citadas, los reportes de la prensa local y los testimonios de habitantes de San Felipe, los cárteles comenzaron a apoderarse de la pesca y el tráfico de la totoaba en el Alto Golfo de California desde hace por lo menos una década. Este hecho derivó en un incremento de la violencia en las comunidades pesqueras, que anteriormente negociaban directamente con los compradores chinos.
“San Felipe siempre ha sido controlado por el crimen organizado. No nomás estoy hablando de […] cuestiones de estupefacientes, de droga, también ha estado muy secuestrado en cuestiones de marina, lo que viene siendo la totoaba y la caguama. Por ahí se escuchaba que se peleaban el control [de la pesca ilegal], pero había un respeto tanto de los totoaberos, como también de las personas que se dedican al trasiego de droga”, afirma Hernández Leyva.
Desde hace tiempo, el panorama en la zona ha cambiado. En la localidad Golfo de Santa Clara, en Sonora –fundada también, como San Felipe, gracias a la pesca de la totoaba–, ubicada al otro lado del golfo, el asesinato en junio de 2014 de Samuel Gallardo Armenta, dirigente de la Cooperativa Pesquera Alto Golfo, a quien se vinculaba con el Cártel de Sinaloa, evidenció la presencia de los narcobucheros: pescadores que se dedican tanto al tráfico de drogas como al de totoaba. Otros los llaman chinaloenses, porque sirven de enlace entre el grupo criminal y los empresarios chinos.
En años posteriores, otros hechos violentos en el municipio de San Luis Río Colorado –al que pertenece Golfo de Santa Clara– marcaron el dominio de los cárteles en la pesca ilegal: el asesinato del comandante de la policía municipal, Francisco Vázquez, en 2015, y el enfrentamiento en 2016 de policías estatales con miembros de la familia Armenta, presuntos líderes de la pesca furtiva de totoaba.
Es precisamente en esa época cuando se da un repunte en el número de desapariciones en San Luis Río Colorado: de 17 reportes en 2014, en 2018 aumentó a 52. El municipio, con cerca de 200,000 habitantes, es el séptimo con mayor incidencia de personas desaparecidas en el estado de Sonora, con 368 registros hasta octubre de 2023.
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A lo largo del malecón turístico, frente a la bahía de San Felipe, Olga Estrada y otras integrantes de la brigada aprovechan cada espacio para pegar boletines de búsqueda. Olga coloca los de su hija Selena Guadalupe García Castillo, desaparecida el 2 de marzo de 2020 en Tijuana. Mientras lo hace, una mujer le propone que le dé algunos para pegarlos en otro lugar; le dice que tiene conocidos en San Felipe con familiares desaparecidos y quiere ayudar.
Confiada, más tarde Olga se atreve a hablar con un repartidor de tortillas que pasa en una moto. “Somos un grupo de madres que están buscando a sus hijos. Si tienen familiares con desaparecidos y no se animan a buscarlos solitos se pueden unir con el grupo. Vamos a estar dos días aquí en San Felipe, van a estar haciendo el ADN [pruebas]. Si tienes a un conocido, o pariente, le puedes pasar la voz”, explica rápidamente y luego le entrega un par de volantes. Pero el repartidor solo toma los papeles y se va. Olga se da cuenta de que no todos están dispuestos a hablar de lo que pasa en San Felipe.
El segundo día de actividades de la brigada, el grupo de búsqueda está en el Parque de los Arbolitos, un terreno en donde unas cuantas decenas de árboles destacan en medio del paisaje desértico.
En la avenida, una camioneta se detiene y baja la ventanilla del copiloto frente a Olga, quien respira tranquila cuando nota que en los asientos viajan tres niños con sus uniformes escolares. La mujer que maneja pregunta cómo puede contactar al grupo, dice estar interesada porque en su familia hay una persona desaparecida. Olga, desconfiada, le sugiere acercarse al personal de la CLBP para obtener más información. La mujer parece dudar en acudir con una autoridad, agradece y arranca. No todos están dispuestos a hablar de lo que pasa en San Felipe.
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Los “dueños” del Alto Golfo
En 2021, Hernández Leyva fue una de las primeras personas que participó en búsquedas en San Felipe. “Se estaban dando desapariciones y no había quien apoyara a las víctimas. Iniciamos con esa labor de ir a búsquedas, canalizar a las víctimas, decirles cuáles eran sus derechos, a dónde se podían acercar, empezar a vincular”, cuenta el funcionario.
En enero de 2022, después de que San Felipe se convirtió en municipio de Baja California, fue elegido para la transición un Consejo Fundacional, presidido por José Luis Dagnino López, que estará a cargo del gobierno hasta octubre de 2024, cuando se instale el primer ayuntamiento.
Hernández Leyva dice que en las búsquedas solían trabajar con Luis Ramón Valdez Salas, quien durante la transición fue nombrado director de Seguridad Pública de San Felipe. Así fue hasta que, en septiembre de 2022, el mando sufrió una emboscada en la que fueron asesinados el subdirector de la Policía Municipal Erick Aguilera y el comandante Norberto Ornelas. El atentado, según lo publicado en medios, fue perpetrado por una célula de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Valdez Salas sobrevivió y, tras renunciar al cargo, fue designado como nuevo director Andrés Bonilla Castro, capitán de la Secretaría de Marina. Ahora la seguridad está a cargo de la Marina.
También en 2022, en mayo, a raíz del incremento de enfrentamientos y homicidios, quien hasta el pasado agosto era el fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, reconoció la existencia de una disputa por el corredor Mexicali-San Luis Río Colorado entre dos facciones del Cártel de Sinaloa. En julio de 2022, cuatro cuerpos fueron encontrados en Golfo de Santa Clara con un mensaje atribuido a Los Chapitos, en el que se declaraban “dueños” de esta localidad y de San Felipe. El otro grupo criminal identificado en la lucha por las plazas, que se remonta al 2020, es conocido como Los Rusos y lo dirige Ismael Zambada García, El Mayo.
“La problemática es tan grande que está rebasado todo lo que viene siendo el sistema de seguridad. Ni siquiera es defender, patrullar, contener; es sobrellevar: si oyes unos balazos a la derecha, tírate a la izquierda. Porque al final de cuentas, ¿quién se va a meter en problemas? Los policías. ¿Dónde viven los policías? En San Felipe. ¿Quién controla San Felipe? El crimen organizado”, explica Hernández Leyva.
Para Renata Demichelis, el sigilo de las familias, la falta de denuncias y de búsquedas podría deberse a que las desapariciones son recientes. “También hay algo asociado a un miedo que tiene que ver con quiénes son los perpetradores de las desapariciones, y la complicidad que pueda existir con los agentes del Estado, con quienes tendrían que estar resolviendo el problema”.
A pesar del temor y el silenciamiento impuesto en San Felipe, algunos familiares buscan a sus desaparecidos por cuenta propia. Uno narra cómo empezaron a salir al terreno sin el acompañamiento de la comisión local de búsqueda, ni de policías municipales ni militares. Cargaban con un botón de pánico como única garantía de seguridad. Fue hasta septiembre de 2022 que la CLBP se unió a las búsquedas por primera vez y comenzaron a realizarse los operativos con autoridades.
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El último día de la brigada en San Felipe, un viernes por la noche, Angélica Ramírez, vocera del colectivo Una Nación Buscando T y una de las organizadoras, se reúne con algunos de los participantes para cenar y relajarse después de la jornada. Esa tarde, el grupo de búsqueda en campo recuperó restos pertenecientes a una osamenta que había sido localizada semanas antes en el mismo terreno.
Angélica considera el hallazgo como un resultado de la brigada en San Felipe. Hasta ese momento, otras dos osamentas incompletas habían sido recuperadas en Mexicali; posteriormente, en Ensenada encontraron restos óseos, y un cuerpo en Tijuana. La brigada también ayudó a recuperar tres cuerpos de desaparecidos en una fosa común y a dos personas con vida. Pero para ella, la consecuencia más valiosa de su actividad en el puerto se verá más adelante, y tiene que ver con la difusión que hace el grupo de la búsqueda en vida y su acercamiento a la comunidad. Explica que en San Felipe, a diferencia de otros municipios del estado, no lograron coordinarse con un colectivo local porque son pocas las familias que han comenzado a organizarse por el miedo que prevalece. Pero cree que tras el paso de la brigada podrían activarse iniciativas.
“Es inyectarles el valor, ese es el propósito”, opina María Estela. “Ahora en campo íbamos un poco a ciegas porque no sabíamos dónde [buscar]. Pero después de hoy van a empezar a salir puntos, lugares para buscar en San Felipe”, agrega Angélica.
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Lucha desigual
Un mes después del paso de la brigada por San Felipe, el 20 de mayo, Hernández Leyva apoyó como civil una nueva búsqueda solicitada por miembros del colectivo San Felipe Unido por sus Desaparecidos. Se reunieron alrededor de 28 personas, junto con integrantes de la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Dirección de Seguridad Pública municipal, la CLBP y bomberos del puerto; en total, unas 45 personas. El punto que iban a explorar se ubica en la carretera San Felipe-Ensenada, hacia la sierra, una zona señalada como ruta de trasiego.
Por la mañana, mientras se preparaban, el funcionario cuenta que vio pasar varios vehículos todo terreno, tipo RZR, que horas más tarde, según supo, fueron acribillados por un grupo armado en el poblado de San Vicente, al sur de Ensenada. El ataque fue grabado con un celular y rápidamente la noticia de la balacera, que causó diez muertos, trascendió a medios nacionales. Es precisamente esa ruta que va de San Felipe a Ensenada, hacia el norte, la que según Hernández Leyva está controlada por los criminales.
“Por las brechas dicen que hay mucho muerto, pero no cualquiera se mete porque ya saben que por ahí transportan droga”, explica uno de los entrevistados.
Por esta razón, cada vez más familias de personas desaparecidas solicitan el acompañamiento de la CLBP y de fuerzas de seguridad al salir a excavar; sin embargo, de las 271 acciones de búsqueda en Baja California reportadas por la comisión entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2023, solo tres fueron en San Felipe.
“La dirección federal de Seguridad Pública no tiene los elementos ni el equipo suficiente para hacer labor de patrullaje y, como primeros respondientes, confrontar a unos grupos que sabemos que están muy bien organizados. […] Estamos hablando de un pueblo muy pequeño con una gran problemática”, lamenta Hernández Leyva.
Además de C4ADS, que señala que las autoridades deben considerar la pesca ilegal de la totoaba como un “problema sustancial de criminalidad o seguridad” en la región, en su informe Desaparecer en Baja California Elementa DDHH plantea que “la desaparición forzada ya no se configura únicamente como un medio de control social, dominio o con fines políticos”, sino que ahora es utilizada “para sostener el sistema económico, el mercado ilegal del tráfico de drogas y otras actividades que no están reguladas dentro del marco legal”.
“El puerto de San Felipe puede ser un punto de llegada para personas del extranjero, también podemos hablar de la pesca ilegal, podemos hablar de la trata de blancas porque es un puerto con mucho turista”, afirma Hernández Leyva. “Y si nosotros hacemos un collage de todo esto, todo tiene que ver con las desapariciones”.
Demichelis coincide y añade que falta un mayor análisis de las causas de las desapariciones, en específico en lugares como San Felipe, donde pueden confluir problemáticas propias de Baja California como trata de personas, migración o desplazamiento, uso de drogas, disputa por plazas entre organizaciones del crimen organizado y militarización, a las que se agregan otras como la pesca ilegal.
“Es un estado que también tiene una costa bastante grande y que incluso ese tipo de actividades pudieran estar impactando en el tema de la desaparición, y luego no se ven, y menos porque ocurren en San Felipe, y nadie voltea a ver a San Felipe”.
**Fotografía de portada: Procedentes de una decena de estados del país, familiares de personas desaparecidas participaron en la cuarta brigada estatal de búsqueda en Baja California. San Felipe fue el tercer municipio que visitaron, los días 20 y 21 de abril.
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Celia Guerrero. Periodista independiente, especializada en temas sociales. Colabora en medios nacionales y latinoamericanos, y es también columnista y productora de pódcast narrativos y de investigación.