El Programa Estatal de Derechos Humanos que diseñó el ex gobernador de Coahuila y hoy senador, Miguel Ángel Riquelme Solís, careció de las características básicas para establecer una política pública.
Así lo señala el estudio especial realizado por la Auditoría Superior del Estado y evidenció que no fue aplicada una metodología adecuada.
El Plan Estatal en materia de Derechos Humanos fue realizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos -cuyo presupuesto anual era de 39 millones 590 mil 500 pesos en 2019- cuando hubo foros de consulta con el fin recoger aportaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, este medio buscó en los sitios de transparencia tanto del gobierno de Coahuila como de la institución docente para saber si hubo un costo adicional por esta labor de hacer dicho programa, pero no se encontró evidencia de pagos.
La Auditoría Superior del Estado encontró que dicho Plan Estatal de Derechos Humanos carece de una metodología básica y por lo cual fue imposible evaluar casi la totalidad de su contenido, lo que implica que no pueda convertirse en política pública.
“Se aprecia dentro del Programa, una serie de estrategias, líneas de acción y ejecución para cada uno de los 5 ejes rectores, en las cuales se pretende dar atención a las necesidades específicas de la población objetivo de cada garantía pública, sin embargo, sus procedimientos de ejecución no se presentan incorporados en el Programa, y aunque algunos de ellos se encuentran en informes referentes a los mismos, los cuales carecen de especificación en las metas de cobertura y la definición de plazos para su revisión y actualización”, destaca el documento de la ASE.
Alma García, consultora independiente y especializada en la materia, señaló que muchas de esas observaciones de la ASE fueron evidenciadas en varios momentos y que esto demuestra que el tema de los derechos humanos no importa a las autoridades, además de que el documento garantiza la impunidad a agentes estatales que responsables de actos delictivos o violaciones graves.
“Era obvio que a Riquelme no le gustaban los derechos humanos y le pareció muy bien continuar con la línea política, que le hereda la familia Moreira, de seguir encubriendo a los responsables de la crisis humanitaria en Coahuila que quieren ocultar y sigue premiando a la Academia del Magistrado Luis Efrén con dobles o triples sueldos.
Tal como lo señala la Auditoría Superior del Estado, al programa le falta de todo a pesar de que fue realizado con la grandiosa asesoría técnica de la Academia Interamericana de los Derechos Humanos y terminó sin pena ni gloria, y por supuesto sin evaluación de los responsables institucionales de implementar y coordinar las políticas de derechos humanos en el estado”, manifestó.
Consideró que el Congreso del Estado debe de darle seguimiento a las observaciones de la ASE y el gobierno de Manolo Jiménez Salinas hacer un nuevo plan.
“El Congreso del Estado recibe los informes de la Auditoría Superior y debería preguntar y dar seguimiento a la implementación del marco legal y de política pública, pero están protegiendo sus intereses”.
Consideró que la experiencia es que esto terminará con un “aquí no pasa nada”, mientras que en realidad “no hay verdad, ni búsqueda, ni justicia, ni reparación, ni memoria, ni derechos. Solo el PRI y el reciclaje de personajes y mentiras”.
NO PERMITE CREAR UNA POLÍTICA PÚBLICA
Por su parte, María Eugenia Arriaga Salomón, encargada de Comunicación Social del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, opinó que el Plan de Derechos Humanos no tiene nada para partir hacia una política pública en particular en el tema de las desapariciones.
“No se abordan las graves violaciones a los derechos humanos en este Plan y es justo porque no se cuenta con un diagnóstico, esto se me hace muy gravísimo porque están desapareciendo a los desaparecidos, a toda la cuestión migratoria, los feminicidios; tocan el suicidio pero no toda la violencia generada por el consumo de drogas, lo del agua, de la vivienda, de la educación por lo que hizo Riquelme en relación a lo de los libros de texto”.
Cabe precisar que algunas de las deficiencias identificadas en la evaluación realizada por la ASE figuran que no fue diseñado bajo la metodología de Marco Lógico que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), representa una herramienta de gestión para mejorar el desarrollo de proyectos.
“Uno de los principales resultados derivado del análisis del Programa en materia de derechos humanos, es que no se logra identificar a la entidad responsable de llevar a cabo la implementación de las políticas públicas para garantizar la aplicabilidad de los derechos humanos en la entidad”, y cuestiona que se deje en manos de la AIDH esta labor, cuando debiera ser la Comisión de Derechos Humanos del Estado, además de que no hay un presupuesto para su ejecución.
Aunque en el Plan Estatal existe un diagnóstico de cada uno de los cinco ejes (Coahuila seguro, libre de violencia y en paz; con nivel de vida adecuado, Coahuila Incluyente, con buen gobierno y con formación en derechos humanos) no incluyeron árboles de problemas y objetivos derivados de las mesas o foros de consulta regionales para el diseño del programa.
Al carecer también de una matriz de indicadores para resultados fue imposible evaluar el avance de los indicadores de desempeño aportados. Esta matriz es una herramienta de planeación estratégica que explica los objetivos del programa, entre otros aspectos, y es fundamental para el desarrollo de una política pública.
También fue encontrado que, aunque se incorporaron 159 indicadores clasificados como de cumplimiento, de gestión y de impacto, éstos no tiene los criterios señalados en la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable, el CONAC, que permitiría reflejar las metas reales respecto de las programadas y evaluar el impacto generado en la población objetivo.
El Plan Estatal de Derechos Humanos fue presentado en los últimos cuatro años del sexenio anterior y para su ejecución tuvo la colaboración de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, misma que proporcionó asistencia técnica con el propósito de que las dependencias y otros sectores de la sociedad implementarán las acciones establecidas para cumplir con los objetivos señalados en el programa
Sin embargo, el análisis realizado por la ASE no encontró pruebas de la capacitación realizada en materia de derechos humanos al personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que una firma de un convenio con la Secretaría del Trabajo se hizo de forma posterior al análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).
También observó que en el eje de “Coahuila de buena alimentación” no se establecieron los criterios de los beneficiarios.
En el caso de “ciudades solidarias con migrantes y refugiados” establece que se informó sobre la firma de un convenio con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), pero no fue posible identificar información del mismo, así como estudios y diagnósticos en torno a las características de la población objetiva y los procedimientos de selección de beneficiarios, ni el padrón y evidencia de la ejecución de estrategias o líneas de acción por lo que no fue posible la evaluación de esos elementos como garantía de política pública.
El informe de la ASE destaca que tampoco fue posible evaluar el eje 4 de “Coahuila con buen gobierno”, compuesto de tres garantías de política pública que son ciudades abiertas, ciudades éticas y ciudades inteligentes, en virtud de que no fueron identificadas estrategias y líneas de acción o ejecución para establecer un padrón de beneficiarios.
En cuanto al eje 5 de “Coahuila con formación en derechos humanos”, la ASE señala que se les hizo llegar evidencia fotográfica de varias actividades pero no se aprecia la información respecto al padrón de beneficiarios que fueron acreedores a estos y los criterios de selección. En el caso de ciudades con alta especialización de derechos humanos tampoco hay estrategias o líneas de acción y ejecución y no se pudo evaluar.
El programa establece 159 indicadores de los cuales se clasifican a 42 como de cumplimiento, 105 de gestión y 11 de impacto, pero la normatividad de la materia señala que solamente pueden ser estratégicos o de gestión por lo que es incorrecto utilizar la clasificación como lo establece el documento oficial.
En el caso de los indicadores de gestión no se cumplen con criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad y adecuación establecidos por el CONAC, ya que en su mayoría se establecen fechas que no son un indicador como tal y la ASE considera que éstos pueden reestructurarse para programas futuros.
Tampoco se precisa la temporalidad para medir los resultados y se establece la línea base del 2019 como 0 y la meta al 2023 se encuentra por definir, con lo cual también se incumple con la matriz de indicadores para resultados,
El estudio establece que de acuerdo con la CONEVAL la línea base son valores de punto de partida para un indicador que sirve como herramienta de la planeación y evaluar correctamente el desempeño, además de brindar un mejor entendimiento de la problemática que se presenta.
Señala que la línea base debería de ser “no disponible” y con una mención que establezca que durante el primer año de operación se recolectaría la información y en el segundo año establecer esa línea base, pero no fue tampoco posible encontrar información posterior de la presentación del programa.
Tampoco fue posible verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos generales y específicos ante las carencias de la línea bases, metas, seguimiento y monitoreo de los indicadores integrados en el programa, además de que las metas no estaban claras.
Una de las conclusiones del estudio elaborado por la ASE es que “no fue posible verificar la lógica y congruencia en el diseño del mismo, así como su alineación con la planeación del desarrollo estatal y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, las complementariedades y coincidencias con otros programas, la claridad, relevancia y pertinencia de sus objetivos y metas, la efectividad en la transparencia y rendición de cuentas, la asignación de recursos presupuestarios y cómo estos se alinean con los objetivos del Programa, y el correcto diseño y uso de indicadores de desempeño y del sistema de monitoreo y evaluación”.