Las malas prácticas institucionales, las irregularidades y las negligencias han contribuido a la crisis forense, lo que ha comprometido los procesos de identificación, restitución, impartición de justicia y producción de verdad social, histórica y judicial para decenas de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en fosas comunes, aunque ésta no sea la única ruta de búsqueda para ellos y ellas.
Esto se concluyó en el Conversatorio «Retos, Limitaciones y Deudas del Estado: exhumaciones con enfoque masivo en fosa común como una de las rutas de búsqueda de personas desaparecidas en México», llevado a cabo el 6 y 7 de agosto del presente año en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en medio del proceso de transición de gobierno federal.
Familias de Chihuahua, Morelos, Coahuila, Jalisco y Guanajuato, quienes fueron convocadas por el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el Observatorio Etnográfico de las Violencias (OEV) del CIESAS y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, analizaron las buenas y las malas prácticas en el tema forense que han vivido en la búsqueda y la petición de identificación de los miles de cuerpos que se han exhumado de fosas comunes.
En este evento se contó también con la participación de la antropóloga forense colombiana Helka Alejandra Quevedo Hidalgo, quien impartió la conferencia magistral “Justicia Transicional en Colombia: contribución de las Ciencias Forenses para el acceso a la Verdad, Justicia y Reparación” y contribuyó a realizar un balance colectivo sobre los procesos de exhumación masiva en fosas comunes en un contexto con más de 52 mil cuerpos sin identificar bajo el resguardo del Estado Mexicano y más de 116 mil personas desaparecidas en México.
Como resultado de dicho encuentro se mencionan a continuación las exigencias conjuntas de las organizaciones y colectivos participantes:
- Que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien iniciará el cargo del Ejecutivo Federal el 1 de octubre, asuma el compromiso de priorizar la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación y restitución digna de los cuerpos no identificados en México. Quien dirige este país tiene la obligación de escuchar las voces de las familias buscadoras.
- Que se desarrolle una política pública de estado en materia de desaparición e identificación, articulada en un Plan Nacional de Búsqueda Integral. La designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) debe hacerse en consulta con las familias, esto sería muestra del compromiso de la Presidenta electa. Esta política debe incluir medidas de prevención de las desapariciones y análisis que revelen el impacto generacional de estas y aquellos que tienen en la salud mental y física.
- Es urgente reconocer y atender con una política de Estado la crisis forense con estándares científicos. Seguimos en espera de un Plan Nacional de Exhumaciones sostenido sobre hipótesis de búsqueda e identificación, acompañado por un Plan de Intervención que detalle el flujo de trabajo; y que paralelamente a éste, se mantenga y fortalezca la búsqueda en vida y se generen planes de prevención de las desapariciones.
- Que se cree el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) al que se comprometió el gobierno saliente y no fue constituido. Se necesitan bases de datos genéticas de referencia y softwares compatibles entre las distintas dependencias que participan de las dinámicas de búsqueda.
- Que se promueva tanto en términos legales como prácticos una interlocución interinstitucional en todo el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, identificación y, en los casos que así corresponda, su restitución digna.
- Que tanto en el ámbito federal como estatal se priorice la búsqueda de personas desaparecidas otorgando recursos suficientes para la contratación de personal encargado de la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación y la restitución digna de quienes hayan sido localizadas sin vida.
- Que se incentive el cambio de prácticas en todas las áreas y niveles, del personal encargado de la atención de familiares en búsqueda para que orienten su acción con perspectiva de derechos humanos.
- Que la mala praxis de los servidores públicos ligados a la atención a la búsqueda de personas desaparecidas y de sus familias, y vinculadas con el resguardo de las personas fallecidas no identificadas y a los procesos de identificación, sean sancionados para reducir la revictimización e impunidad.
- Que se garantice la seguridad y protección de las personas buscadoras en su calidad de defensoras de derechos humanos.
- Que se garantice el acceso a la información y registros básicos para entender y enfrentar la crisis de graves violaciones a derechos humanos y en particular la relacionada con personas desaparecidas ya que sabemos que existe una política de reducción de la cifra de personas desaparecidas en un censo sin metodología, ni transparencia para recortar el existente Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Planteamientos de los colectivos de familiares en las entidades federativas
Regresando a Casa Morelos señala que es necesario que la Fiscalía del Estado presente expedientes y archivos básicos, que cuente con un catálogo de prendas y características individualizantes en servicios periciales; que exista presupuesto suficiente y se hagan perfiles genéticos. En el contexto de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, se debe conocer el destino final de los hallazgos de fosa común, panteón ministerial y fosas clandestinas hechos entre 2002-2024. Las familias urgen a la identificación de los 360 cuerpos acumulados en SEMEFOS que fueron inhumados en el panteón ministerial sin identificar.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (CEDHEM) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte consideran necesario designar personal capacitado para el resguardo digno de los restos que no es posible identificar mediante pruebas genéticas. Así como capacitar a agentes del ministerio público y de fiscalía respecto de graves violaciones a los derechos humanos. Además, urgen a no trabajar solo casos individualizados sino colectivos, así como establecer mesas interdisciplinarias con el MP y de manera regional como buena práctica (con CEAV y con CNB).
El Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ) exige Políticas públicas para atender de forma integral los procesos de búsqueda y para realizar, en su caso, restituciones dignas; favorecer la interlocución entre el SEMEFO y la Fiscalía del Estado, con orientaciones claras. FUNDEJ manifiesta su rechazo al rezago y exige que se agilicen los procesos de identificación.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN) y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila urgen a la nueva administración tanto estatal como federal a reconocer y atender científicamente la crisis forense. La designación de la persona titular de la CNB debe hacerse en consulta con las familias, lo que daría cuenta del compromiso de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Se requiere una política de Estado sobre crisis forense y desaparición, incluido un análisis de contexto con impacto generacional y una política que considere los impactos en la salud mental. En Coahuila se requieren políticas binacionales de búsqueda de personas desaparecidas.
Finalmente, Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato, Luz y Justicia, Hasta Encontrarte y Proyecto de Búsqueda, Colectivos de Guanajuato proponen que se realice un Plan Estatal de Exhumaciones en la entidad, en coordinación con autoridades nacionales. Se debe dar continuidad a las mesas forenses en el estado, con periodicidad trimestral. Los Mecanismos Nacionales como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), promovido desde lo local. Por último, se debe dar autonomía a los servicios periciales, reconociendo en ellos la participación a la que tienen derecho las personas buscadoras. Particularmente se debe establecer un Plan especial de búsqueda en pozos profundos y riesgo.
Regresando a Casa Morelos
Hasta Encontrarte
Luz y Justicia
Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos
Proyecto de Búsqueda
Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos- Jalisco (FUNDEJ)
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF)
Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica
Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios