Cuando Gloria Ruiz García fue a denunciar los primeros actos de agresión en su contra en el 2016, nadie le dijo que había una unidad especializada para atender los delitos cometidos contra periodistas, porque el Ministerio Público que la recibió atiende todo tipo de hechos y hasta que concluye la investigación se determina si éste se configura o no como agravio a quien ejerce la profesión. Todas sus denuncias prescribieron porque no hubo más investigación.
Ella trabaja en Ciudad Acuña, un municipio ubicado en la frontera con Texas, alejado de la capital del estado. En esta región los medios de comunicación son representados en su mayoría por hombres y su trabajo está muy ligado a favorecer a las autoridades en turno, lo que se traduce en minimizar o invisibilizar las notas que impliquen una irregularidad por parte del gobernante, aunque ello signifique callar respecto a los periodistas que son agredidos.
“Poco a poco me fui enterando de cómo funciona, con el apoyo de organismos de defensa de libertad de expresión como Article 19, como CIMAC, que me ayudaron a integrarme al mecanismo de protección. Aquí en la Fiscalía no me instruyeron de nada, no me explicaron absolutamente nada y sólo el supervisor de Ministerios Públicos me dijo que asignaría seguridad ‘por instrucciones de arriba’ y yo me quedé helada”, explica.
Desde 2016, le asignaron primero policías municipales, luego estatales. Al igual que en varios municipios de Coahuila, en Ciudad Acuña elementos de las corporaciones de seguridad trabajaban para el crimen organizado o lo protegían. Ahí ocurrió el homicidio del hijo del exgobernador Humberto Moreira en el 2012.
La desconfianza de la reportera era evidente hacia quienes le proporcionaban seguridad porque, pese a esa medida precautoria, las agresiones no cesaron: en redes sociales varias cuenta difundieron publicaciones donde la vinculaban con delincuentes, ataques cibernéticos a su página www.4pnoticias.com, campañas de desprestigio. Todo fue denunciado y nada considerado como delito contra la libertad de expresión.
Así pasó con dos homicidios de periodistas ocurridos en Coahuila en los dos últimos años: el de Juan Espinoza Menera y Saúl Tijerina Rentería. En el primero de ellos, la Fiscalía general sostuvo durante meses que fue muerte natural, sin embargo, el pasado mes de marzo el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja confirmó que fue asesinado por elementos de la Policía Estatal, su necropsia fue adulterada para esconder la tortura y el homicidio; al segundo pretendió borrar su labor en un medio digital porque tenía un empleo en una maquiladora.
Otro caso es el de Roxana Romero, a quien en mayo del 2016 la siguieron varios sujetos a bordo de un vehículo cuando salía del periódico Vanguardia de Saltillo. Ese día el medio de comunicación publicó la nota sobre la demanda que el exgobernador y exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, presentó contra ella.
El supuesto delito era daño moral por la información difundida el 18 de febrero en torno a la pensión que por más de 30 mil pesos mensuales se le autorizó por parte de la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a quien realizó aportaciones, pero sin desempeñarse como docente ya que la mayor parte del tiempo fungió como servidor público.
“Sí hubo allí una reacción por parte de la Fiscalía, pero fue porque había mucha presión por parte de organizaciones nacionales e internacionales de protección a periodistas (entre ellos Propuesta Cívica, que documentó su Caso: Roxana Romero García (propuestacivica.org.mx)) y ellos (los representantes de la Fiscalía) se supone que iniciaron una investigación para saber quiénes eran las personas que iban en esos carros”, recuerda Roxana.
Ese año el exgobernador fue detenido en España y permaneció preso por varios días. A su regreso a México dijo que denunciaría a todo el que, aseguró, lo hubiera difamado y entre sus acusados figuró la periodista que recién iniciaba con la cobertura en la fuente política y desconocía el camino a seguir después de la persecución y la demanda en su contra por un supuesto delito contra el honor del exfuncionario.
“Las organizaciones fueron las que le hicieron llamado al gobierno estatal y a la Fiscalía para que empezara la investigación y para que me dieran medidas de protección. Yo tuve seguridad; dos personas que eran MP (Ministerio Público) o no me acuerdo si eran agentes de la Agencia Investigadora, que estaban a cargo de mi seguridad y yo pues me movía con ellos siempre. Ellos iban por mí a mi casa, me movían a cubrir los eventos. Así estuve durante unos dos meses”, señala y agrega que ella misma pidió que se retirara la seguridad porque no había visto mayores incidentes y también le generaba desconfianza la presencia de los elementos policiacos.
Los ejemplos citados son algunos que se siguieron en la Fiscalía General del Estado de Coahuila, donde existe una Unidad de delitos en agravio de la libertad de expresión de personas físicas y morales que ejerzan la actividad periodística que sigue los delitos contra periodistas, aunque no es exclusiva para estos casos ya que la identificada como Fiscalía de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos atiende secuestros, migrantes, mujeres víctimas de violencias familiar, menores por casos de abuso sexual, así como a la comunidad lésbico gay.
El responsable del área es Liberto Hernández Ortiz, quien de acuerdo con su declaración patrimonial, ingresó al servicio público en el 2014 en el gobierno de Rubén Moreira Valdez, con quien estuvo al frente del mismo cargo que hoy ostenta, pero anteriormente se denominaba subprocuraduría de Investigaciones Especiales, Atención a Delitos contra Mujeres por razón de trata, Libertad de Expresión y Servicios a la Comunidad. Su curriculum está reservado y según la información que se proporcionó en ejercicios de transparencia, tiene un ingreso de 59 mil 903 pesos neto al mes.
Dicha dependencia de la Fiscalía General contaba en el 2019 con cinco plazas y la dirección general de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos con 14; al año siguiente, el personal fue de 6 y 14 respectivamente y desde su creación cuenta con 45 carpetas de investigación por delitos contra periodistas, pero ninguna sentencia, de acuerdo a los Informes de Gestión Institucional del 2018 al 2021.
Aunque entre sus facultades se establece que deben decretarse medidas cautelares en favor de los y las periodistas, entre las cuales es la canalización a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en ningún caso lo hizo.
Para este trabajo se solicitó una entrevista con el titular del área y éste pidió al ministerio público Eliud Recio que atendiera la petición, pero no respondió al requerimiento.
Mucho papel, nada de resultados
Cuando ocurrieron los casos de Gloria Ruiz y Roxana Romero, Coahuila estaba en aparente calma después de la ola de violencia e inseguridad que provocó el asentamiento de bandas delictivas en la entidad a partir del 2009 y que dejó como saldo ataques a instalaciones de los medios de comunicación, los homicidios de Valentín Valdez, en el 2010, y el de Daniel Martínez, en el 2013.
Las agresiones ya no provenían de la delincuencia sino de funcionarios estatales y municipales; políticos relacionados con el partido en el poder, el Revolucionario Institucional y por ello, fue más difícil continuar con las denuncias porque en papel quedó el compromiso de disponer de una respuesta rápida para proteger a un o una periodista que sufra agresiones en Coahuila.
La línea del tiempo de cómo se han creado instancias que no atienden las agresiones contra periodistas inicia en el 2012, cuando el gobierno del estado y el Gobierno Federal firmaron el primer CONVENIO de colaboración para establecer que el enlace con el Mecanismo de Protección Federal sería a través de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y entre ambos niveles de gobierno se implementarían las medidas preventivas y de protección.
2014 es el año que se emite el decreto mediante el cual se crea la Ley Para la Protección de las y los periodistas en Coahuila que establece la integración de una Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas, pero ésta jamás se ha formalizado, como lo asegura la Secretaría de Gobierno en respuesta a una solicitud de información.
En el 2017, desapareció la Fiscalía Especializada creada en el 2012 y en su lugar existe una dependencia donde además de esto delitos, se atiende el de violencia familiar, abuso sexual contra menores, migrantes y ataques a la población de la comunidad lésbico gay, a diferencia de lo que ocurre para el caso de los animales, quienes sí cuentan con un órgano especializado exclusivamente para los delitos contra la vida, integridad y dignidad de ellos.
La intención del convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación, firmado en el 2012 fue letra muerta porque la Fiscalía General, antes Procuraduría, no realizó las obligaciones señaladas en el documento entre las que estaban la implementación de protocolos y manuales “en general los instrumentos que contengan las mejores prácticas disponibles para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, que les sean facilitados por la Coordinación Ejecutiva”.
Otro de los compromisos fallidos fue el de desarrollar e implementar medidas de prevención para el diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales agresiones y así lo demuestran los casos de las periodistas entrevistadas para este reportaje y los casos de los homicidios de Juan Espinosa Menera y Saúl Tijerina, ambos también periodistas.
A finales del año pasado, la Secretaría de Gobernación y el Ejecutivo coahuilense firmaron otro documento similar sin que hasta el momento se haya organizado alguna actividad para difundirlo y desde el 2018 existe un Grupo Autónomo de Trabajo creado tras un convenio con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), pero éste no se encarga de dar seguimiento a los casos de agresiones a defensores y periodistas y a la fecha se desconoce qué tipo de labor emprende.
Alberto Xicoténcatl Carrasco, quien pertenece al Grupo Autónomo de Trabajo creado en el 2018 para dar seguimiento a la situación de personas defensoras y periodistas, señaló que en lugar de crear la comisión lo que hay es la Unidad de Enlace que hasta el año pasado dependía del área de Seguridad, pero con el nuevo convenio firmado entre el estado y la SEGOB en el 2021, ahora éste será la dirección de Derechos Humanos que depende de la Oficina del gobernador.
“Lo que se hizo fue crear un protocolo para la creación de la Unidad de Enlace, que es una instancia única que trabaja para colaborar con el Mecanismo (federal). El caso de Coahuila se encuentra en la dirección de derechos humanos, pero de la Secretaría de Seguridad y ahora se busca que quede en la Secretaría de Gobierno”, señaló.
El activista reconoce que no hay casos donde algún periodista o defensor haya recurrido al gobierno estatal para solicitar medidas de protección, porque las agresiones en su mayor parte vienen de este nivel de gobierno “y no hay confianza”.
Entre incongruencias y figuras inoperantes, la Secretaría de Gobernación tiene en sus registros a 35 periodistas y 39 defensores de derechos humanos como beneficiarios del Mecanismo de Protección Federal, de acuerdo con lo publicado en el informe de las Relatorías Especializadas en Materia de Derechos Humanos.
El documento integrado por la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila establece que en abril del año pasado había 49 personas con beneficios de protección federal, de los cuales 32 eran defensores y 17 periodistas.
Fiscalía estatal, un enlace roto
La figura de Enlace no funcionó jamás como tal. Su extitular Luis Alberto Lara Arámbula no buscaba comunicación con las y los periodistas agredidos y cuando tenía información de los casos, no los remitía al Mecanismo de Protección Federal. Incluso llegó a publicar en redes sociales quién y qué medidas de seguridad se implementaron, poniendo en riesgo al beneficiario.
“Nunca tuve una asistencia; algunas ni siquiera sabía que existían (como el registro como víctima) y finalmente llega como un fastidio; una decepción. Para mi la Fiscalía del estado no hace su trabajo; estamos completamente a merced de una Fiscalía que no hace nada en defensa de los periodistas, ni en asesorías en libertad de expresión, sino todo lo contrario. He resistido con muchos inconvenientes, con muchas afectaciones económicas, emocionales, sociales, familiares y de salud que es a todo lo que lleva esta impunidad que sigue imperando”, señala Gloria Ruiz.
Tanto el caso de esta periodista como el de Roxana llegaron al Mecanismo de Protección Federal por organizaciones civiles, de lo contrario, ellas seguirían solas y sin conocer los procedimientos para acceder a medidas de protección.
¿Protección o prevención?
Xicoténcatl Carrasco, quien es presidente del Consejo en el Mecanismo Federal, enfatiza que no se ha logrado incentivar las medidas preventivas y las autoridades insisten en aplicar las de protección.
“Hay un error de parte de las autoridades que piensan que el tema de protección es uno de seguridad pública, pero cuando hablamos de defensores y periodistas hablamos de protección. Seguridad y protección son dos temas diferentes; pueden caminar de la mano, pero no son lo mismo. La protección puede incluir seguridad, pero no lo es todo porque ésta significa condiciones de salud dignas, salario digno, acceso a servicios de salud, a derechos, poder ejercer con libertad la profesión. El problema es que a nivel federal y estatal se cree que proteger es armas, uniformes, chalecos antibalas; puede ser un elemento, pero no lo es”, explica.
Esto provoca que las periodistas tuvieran que generar sus propios mecanismos de protección para seguir desempeñando sa labor, además de conocer de procesos legales en caso de tener que recurrir ante las autoridades.
Sociedad civil exhibe casos
De no ser por las organizaciones nacionales e internacionales, no se sabría, a casi dos años, que la muerte de Espinoza Menera no fue por dificultades para respirar, sino que los policías estatales lo degollaron como parte de la tortura a la que fue sometido.
Por las exigencias de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, así como representantes de la Unión Europea y las embajadas de Suecia y Noruega se logró que la FEADLE atrajera el caso y se descubriera la implicación de los elementos estatales. El coordinador de Servicios Periciales está detenido desde el mes de abril del presente año y aún se espera la detención de los policías responsables como autores materiales.
Sin esa presión internacional, tampoco se sabría que la Fiscalía General mantiene almacenadas las denuncias de periodistas, no investiga y al pasar el tiempo determina su prescripción como en los casos de Gloria Ruiz, a quien jamás le dieron un informe sobre los avances en las mismas. El Centro de Información de la Mujer, CIMAC, y Artículo 19 documentaron los casos de impunidad.
En lo que respecta a Roxana Romero, de no ser por la intervención y el acompañamiento de la organización Propuesta Cívica no sabría que el exgobernador Humberto Moreira ya no siguió con la denuncia por daño moral. Pasaron casi 3 años para que la denuncia en su contra prescribiera, pero en ese tiempo tampoco hubo ningún acercamiento por parte de las autoridades coahuilenses para darle seguimiento a su situación.
“Se vio totalmente que fue nada más para asustar; sólo eso. Cosa que no sucedió con Sergio Aguayo o con Pedro Ferriz de Con. En mi caso ya no hubo entonces absolutamente nada, ni fincaron responsabilidades ni nada; simplemente, el señor tenía como más de un año sin moverle nada”, concluyó.
