Por Marcos Vizcarra / A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab
Rosa Elia Vázquez descansa en su mecedora de madera, al lado de la fotografía de su hijo Román Soto Vázquez, desaparecido desde el 17 de noviembre de 2013. Ese día, cuatro policías municipales de Ahome, Sinaloa, lo detuvieron en la carretera a La Constancia, El Fuerte.
Esta mujer encontró una manera distinta de buscar a personas desaparecidas en el norte de Sinaloa, donde hay cientos de casos en los que se acusa a policías como los principales perpetradores del delito: recabó grabaciones en video, fotografías y testimonios que presentó en la entonces Procuraduría General de Justicia de este Estado. Así logró que tres policías fueran juzgados por desaparición forzada, pero no consiguió que confesaran a dónde se llevaron a su hijo.
Tras un juicio de dos años, los policías municipales Jorge Cota Jiménez, Óscar Guadalupe Huicho Puentes y Jorge Martínez Santos fueron sentenciados a 31 años de prisión. Los detenidos aseguraron que sólo Daniel Vega Murillo —el cuarto policía, a quien señalaron como responsable y que se encuentra prófugo— sabía el paradero de Román.
El caso de Román Soto es uno de los mil 800 expedientes que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU calculó que existen en las fiscalías mexicanas.
“(Según la información proporcionada por México) sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 % y el 6 %, habían sido judicializados, y sólo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional”, mencionó el CED en el informe que presentó en abril de 2022, tras haber entrevistado a cientos de familiares de personas desaparecidas, académicas, periodistas y funcionarios públicos mexicanos.
Quinto Elemento Lab analizó las 36 sentencias por desaparición forzada que se han emitido en todo el país de 2005 a 2022. Esos documentos contienen narraciones de víctimas y testigos sobre cómo agentes de lo que fue la Dirección Federal de Seguridad, de la Procuraduría General de la República (PGR), marinos, militares y policías de varias corporaciones desaparecieron a mujeres y hombres.
Las 36 sentencias corresponden a la desaparición de 59 personas entre 1977 y 2018. De estas, sólo 15 fueron localizadas con vida y 21 muertas —es decir, fueron asesinadas— y 22 siguen desaparecidas.
El análisis de esas sentencias permite tener los siguientes hallazgos:
- Ocho de las 36 sentencias son contra nueve militares. Esos casos sucedieron entre 2009 y 2014: miembros del ejército desaparecieron a 16 personas para fabricar culpables por crímenes de narcotráfico en Chihuahua, Veracruz, Nuevo León y Jalisco. Los nueve militares fueron condenados.
- En tres de esos casos hubo tortura física y psicológica; en dos de ellos también existió tortura sexual como medida de presión para que las víctimas se autoincriminaran como miembros de cárteles.
- En seis de las ocho sentencias contra militares, los jueces dictaron cinco años de prisión; es decir, la pena mínima en el Código Penal.
- Todas las sentencias que involucran a miembros de la AFI coinciden con un mismo patrón: los agentes detuvieron a personas, las ingresaron a cárceles o separos y extorsionaron a sus familias cobrándoles entre 50 mil y 200 mil pesos a cambio de la libertad.
- En 18 sentencias están involucrados 16 policías municipales y nueve estatales. En 17 de ésas se describe cómo los agentes de las corporaciones locales se convirtieron en perpetradores, tras haber sido corrompidos por grupos criminales.
- Chihuahua es el estado con más casos sentenciados en México: concentra siete sentencias locales por desaparición forzada y otras seis de orden federal. En esos delitos participaron elementos de tránsito, fuerzas especiales, policías municipales, estatales, agentes federales de investigación y militares.
- En 2009 se juzgó un caso de desaparición forzada por crímenes del pasado. Se trata de la desaparición de un hombre en Mazatlán, Sinaloa, en 1977, en el contexto de la llamada “guerra sucia”, por miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y por la Policía Judicial de Sinaloa. Cuando lo desaparecieron, la víctima tenía 19 años y era repartidor de folletos de la revista Madera. Sólo un agente de la DFS fue juzgado; recibió una condena de cinco años de prisión.
- El acceso a la justicia para las víctimas y sus familias se ve limitado por investigaciones parciales, que aportan información incompleta sobre los hechos y se enfocan a los perpetradores materiales, generalmente funcionarios públicos aislados, y nunca esclarecen quiénes fueron los autores intelectuales ni tocan la cadena de mando.
- La mayoría de las sentencias —30— son por casos que ocurrieron entre 2006 y 2020; cinco son por desapariciones forzadas ocurridas entre 2002 y 2005. Y uno, el que se menciona de 1977, es por un caso que ocurrió durante los años de la llamada “guerra sucia”.
- Sólo en una de las 36 sentencias, un juez puso al descubierto la inoperancia de las autoridades y su ineptitud para encontrar a un joven desaparecido.
- Las sentencias permiten conocer que 16 personas sobrevivieron a la desaparición forzada y pudieron denunciar, presentarse ante agentes del Ministerio Público y enfrentar a sus agresores en tribunales
Las 36 sentencias por desaparición forzada que existían hasta abril de 2022 fueron citados en los informes “Sentencias penales en casos de desaparición forzada de personas en los ámbitos federal y local” y “Poder Judicial y desaparición de personas en México”; además, fueron retomados en respuestas a solicitudes de información al Consejo de la Judicatura Federal y poderes judiciales de los 32 estados de México.
Este crimen, el de las desapariciones forzadas —descrito así cuando las desapariciones son realizadas por servidores públicos— cobró más víctimas desde 2006, cuando inició la llamada “guerra contra las drogas”. Antes de ese año hubo seis sentencias, cuatro contra la Agencia Federal de Investigación y una contra un agente de la DFS.
Desapariciones forzadas, un crimen con larga data
En 1977, un estudiante de 19 años e integrante de la Liga 23 de Septiembre fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, por la Policía Judicial de ese estado y agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), por repartir folletos de la revista Madera y realizar pintas con la leyenda: “Ante las masacres de la burguesía, ni un paso atrás, gloria eterna a los caídos el 10 de junio, por la revolución proletaria, venceremos”.
El hombre permaneció recluido en celdas de la DFS hasta 1984, de acuerdo con documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN). Tuvieron que pasar 11,706 días para que, por la desaparición forzada del estudiante, se juzgara a un agente de la DFS. Al final, el juez lo condenó a cinco años de prisión.
Esta desaparición forzada ha sido la única que, hasta ahora, se ha juzgado por la llamada “guerra sucia”, un periodo que va desde la década de los sesenta hasta mediados de los noventa y durante el cual fuerzas estatales persiguieron y reprimieron movimientos que se consideraron como insurgencia social.
En el año 2002, la presidencia de Vicente Fox Quezada creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la cual no logró ni siquiera sacudir la impunidad que se instaló desde los años sesenta en México cuando se habla, por primera vez, de la desaparición de personas. El 6 de octubre de 2021 se emitió un nuevo decreto presidencial para crear la Comisión para el esclarecimiento de las graves violaciones de la Guerra Sucia, organismo que deberá arrojar resultados antes de 2024.
Militares: de la tortura a la desaparición
El ejército mexicano es la institución cuyos integrantes tienen más sentencias en su contra por desaparición forzada: de las 36 sentencias, ocho corresponden a crímenes que sucedieron entre 2009 y 2014.
Entre 2009 y 2014 sólo nueve militares fueron juzgados por desaparecer personas en Chihuahua, Veracruz, Jalisco y Nuevo León, cuando buscaban que los detenidos se autoincriminaran como responsables de crímenes relacionados con el narcotráfico.
En tres de éstas se acreditó que existió tortura física y psicológica; en dos, además, se ejerció tortura sexual.
El 27 de marzo de 2012, un capitán segundo de infantería militar, perteneciente al Séptimo Batallón de Fuerzas Especiales en Escobedo, Nuevo León, ordenó la detención de un hombre de 23 años de edad, al que torturó, asesinó y desapareció, de acuerdo con una de las sentencias a los que se tuvo acceso.
El militar acusó al hombre de ser un “halcón”, es decir, un informante callejero de un grupo criminal. Lo mandó torturar por 40 minutos. Un grupo de soldados lo asfixió metiendo su cabeza en piletas con agua y lo golpeó hasta hacerlo desfallecer. Según el relato de militares testigos, la golpiza era para tratar de obtener información de grupos criminales para los que supuestamente trabajaba.
La tortura paró porque el joven dijo sentirse mal y uno de los militares que acompañaba al capitán sugirió llevarlo a un centro médico; fue así que lo envolvieron en cobijas y lo echaron en la parte trasera de una camioneta para viajar hacia una base militar en Cadereyta Jiménez, a una distancia de 50 kilómetros, donde un médico se dio cuenta que el joven había muerto. El capitán segundo de infantería ordenó a los subalternos viajar hacia un rancho para tirar el cuerpo. A la fecha sigue sin saberse dónde está el cadáver.
En el juicio, los principales testigos fueron las personas que vieron cuando el joven fue detenido, los soldados que ejecutaron las órdenes del capitán y el médico militar que lo vio muerto en la caja trasera de la camioneta. El juez que revisó el caso juntó los crímenes de desaparición forzada, tortura, asesinato y ocultamiento del cadáver para condenar sólo al capitán a 57 años de prisión.
En las otras siete sentencias que involucran militares también hubo torturas a hombres sospechosos de narcomenudeo. En todos los casos, más de un militar estuvo al tanto o participó del crimen, pero sólo se juzgó a uno. En seis sentencias las penas recibidas fueron mínimas, no pasaron de los cinco años. Y sólo en dos casos se logró conocer el paradero de los desaparecidos.
En cinco de esos casos que involucran a militares, las familias siguen sin saber dónde está su gente. Por ejemplo, en el expediente 19/2013 se narra que miembros del ejército desaparecieron a un joven de 23 años, a quien sacaron de un bar llamado Las Iguanas, en Coatzacoalcos, Veracruz. Eso ocurrió en 2010. La madre de la víctima luchó por tener una condena contra los perpetradores, pero no consiguió saber dónde dejaron a su hijo.
En expediente 22/2013 tiene información sobre la desaparición de un hombre en Ojinaga, Chihuahua, a quien los militares detuvieron por narcomenudeo. Durante un mes, lo tuvieron en una bodega, torturándolo para que se declarara culpable. Cuando lo presentaron ante el Ministerio Público, el hombre denunció a los militares. Luego de tres años de juicio, sólo un militar fue condenado a cinco años de cárcel.
En la sentencia 26/2013 se narra que un grupo de militares sacó a cuatro hombres y dos mujeres de un hotel en Ojinaga, Chihuahua, para llevarlos a un cuartel militar, donde los amarraron, golpearon, violaron con palos de escoba e interrogaron.
Los golpes y los interrogatorios, con traslados por la ciudad para que identificaran casas de seguridad y presuntos cómplices, no pararon. Los metieron a una jaula, los golpearon con los ojos vendados, mientras otros militares gritaban que les arrancarían la piel para exhibirla en cuadros como obras de arte.
Sólo los hombres fueron llevados a una comandancia militar, donde se les acusó de ser traficantes y consumidores de marihuana, pero uno de ellos denunció lo que habían vivido él y sus amigos.
El caso se abrió en un juzgado militar y terminó con la sentencia a un soldado, el encargado del convoy que detuvo y torturó al grupo de mujeres y hombres. El juez le dictó tres años de prisión por la tortura, otros cinco por la desaparición y dos más por la falsificación de pruebas. En este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo que disculparse públicamente en 2016 y pagar una indemnización a los afectados.
Pasividad judicial ante desapariciones
En el informe que presentó en abril de 2022, el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU se destacó que el alto nivel de impunidad se debe a que “(hay una) pasividad judicial ante un fenómeno tan grave como la desaparición de personas”.
Esa pasividad no es solamente por la falta de investigación en las fiscalías, también involucra a los jueces que han otorgado penas mínimas y que no han ordenado que se localice a las víctimas.
En Jalisco, 17 militares fueron acusados por haber detenido a seis personas, el 1 de octubre de 2010, por portación de arma de fuego, de haberlas llevado a la base de operaciones “León 1”, ubicada en Jilotlán de los Dolores, pero no ante ministerios públicos o jueces, y luego de haberlas entregado a personas desconocidas.
Hubo testigos que vieron el momento en que los hombres fueron subidos a dos Suburban.
Los 17 militares reportaron al Ministerio Público federal el “aseguramiento” de 13 armas, pero no la detención de los seis hombres, cuyas familias presentaron una denuncia por desaparición forzada.
El juicio duró tres años. Sólo 10 de los 17 militares que participaron en los hechos fueron sentenciados. Y sus sentencias fueron de cinco años. Los otros sólo fueron condenados por falsear declaraciones para encubrir a sus compañeros.
Esa sentencia ocurrió en el año 2013. Hasta hoy se desconoce si las seis víctimas fueron localizadas.
El 27 de marzo de 2012, un capitán segundo de infantería militar, perteneciente al Séptimo Batallón de Fuerzas Especiales en Escobedo, Nuevo León, ordenó la detención de un hombre de 23 años de edad, al que torturó, asesinó y desapareció, de acuerdo con una de las sentencias a los que se tuvo acceso.
El militar acusó al hombre de ser un “halcón”, es decir, un informante callejero de un grupo criminal. Lo mandó torturar por 40 minutos. Un grupo de soldados lo asfixió metiendo su cabeza en piletas con agua y lo golpeó hasta hacerlo desfallecer. Según el relato de militares testigos, la golpiza era para tratar de obtener información de grupos criminales para los que supuestamente trabajaba.
La tortura paró porque el joven dijo sentirse mal y uno de los militares que acompañaba al capitán sugirió llevarlo a un centro médico; fue así que lo envolvieron en cobijas y lo echaron en la parte trasera de una camioneta para viajar hacia una base militar en Cadereyta Jiménez, a una distancia de 50 kilómetros, donde un médico se dio cuenta que el joven había muerto. El capitán segundo de infantería ordenó a los subalternos viajar hacia un rancho para tirar el cuerpo. A la fecha sigue sin saberse dónde está el cadáver.
En el juicio, los principales testigos fueron las personas que vieron cuando el joven fue detenido, los soldados que ejecutaron las órdenes del capitán y el médico militar que lo vio muerto en la caja trasera de la camioneta. El juez que revisó el caso juntó los crímenes de desaparición forzada, tortura, asesinato y ocultamiento del cadáver para condenar sólo al capitán a 57 años de prisión.
En las otras siete sentencias que involucran militares también hubo torturas a hombres sospechosos de narcomenudeo. En todos los casos, más de un militar estuvo al tanto o participó del crimen, pero sólo se juzgó a uno. En seis sentencias las penas recibidas fueron mínimas, no pasaron de los cinco años. Y sólo en dos casos se logró conocer el paradero de los desaparecidos.
En cinco de esos casos que involucran a militares, las familias siguen sin saber dónde está su gente. Por ejemplo, en el expediente 19/2013 se narra que miembros del ejército desaparecieron a un joven de 23 años, a quien sacaron de un bar llamado Las Iguanas, en Coatzacoalcos, Veracruz. Eso ocurrió en 2010. La madre de la víctima luchó por tener una condena contra los perpetradores, pero no consiguió saber dónde dejaron a su hijo.
En expediente 22/2013 tiene información sobre la desaparición de un hombre en Ojinaga, Chihuahua, a quien los militares detuvieron por narcomenudeo. Durante un mes, lo tuvieron en una bodega, torturándolo para que se declarara culpable. Cuando lo presentaron ante el Ministerio Público, el hombre denunció a los militares. Luego de tres años de juicio, sólo un militar fue condenado a cinco años de cárcel.
En la sentencia 26/2013 se narra que un grupo de militares sacó a cuatro hombres y dos mujeres de un hotel en Ojinaga, Chihuahua, para llevarlos a un cuartel militar, donde los amarraron, golpearon, violaron con palos de escoba e interrogaron.
Los golpes y los interrogatorios, con traslados por la ciudad para que identificaran casas de seguridad y presuntos cómplices, no pararon. Los metieron a una jaula, los golpearon con los ojos vendados, mientras otros militares gritaban que les arrancarían la piel para exhibirla en cuadros como obras de arte.
Sólo los hombres fueron llevados a una comandancia militar, donde se les acusó de ser traficantes y consumidores de marihuana, pero uno de ellos denunció lo que habían vivido él y sus amigos.
El caso se abrió en un juzgado militar y terminó con la sentencia a un soldado, el encargado del convoy que detuvo y torturó al grupo de mujeres y hombres. El juez le dictó tres años de prisión por la tortura, otros cinco por la desaparición y dos más por la falsificación de pruebas. En este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo que disculparse públicamente en 2016 y pagar una indemnización a los afectados.
Pasividad judicial ante desapariciones
En el informe que presentó en abril de 2022, el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU se destacó que el alto nivel de impunidad se debe a que “(hay una) pasividad judicial ante un fenómeno tan grave como la desaparición de personas”.
Esa pasividad no es solamente por la falta de investigación en las fiscalías, también involucra a los jueces que han otorgado penas mínimas y que no han ordenado que se localice a las víctimas.
En Jalisco, 17 militares fueron acusados por haber detenido a seis personas, el 1 de octubre de 2010, por portación de arma de fuego, de haberlas llevado a la base de operaciones “León 1”, ubicada en Jilotlán de los Dolores, pero no ante ministerios públicos o jueces, y luego de haberlas entregado a personas desconocidas.
Hubo testigos que vieron el momento en que los hombres fueron subidos a dos Suburban.
Los 17 militares reportaron al Ministerio Público federal el “aseguramiento” de 13 armas, pero no la detención de los seis hombres, cuyas familias presentaron una denuncia por desaparición forzada.
El juicio duró tres años. Sólo 10 de los 17 militares que participaron en los hechos fueron sentenciados. Y sus sentencias fueron de cinco años. Los otros sólo fueron condenados por falsear declaraciones para encubrir a sus compañeros.
Esa sentencia ocurrió en el año 2013. Hasta hoy se desconoce si las seis víctimas fueron localizadas.
En ninguna de las 36 sentencias se describieron los daños ocasionados a las víctimas y sus familias. Sólo en una sentencia el juez reprocha las deficiencias del expediente que integró el Ministerio Público federal contra un militar, porque la investigación no fue suficiente para localizar a la persona desaparecida.
Se trata del expediente 104/2013, que resolvió el juez Eustacio Esteban Salinas Wolberg, donde se documentó cómo el 20 de mayo de 2012, un subteniente de infantería mandó detener a un joven en Escobedo, Nuevo León, para resolver un supuesto crimen en el que se acusó tráfico de drogas.
Hubo dos testigos, entre ellos un amigo del joven que también había sido detenido en esa redada, pero que después fue liberado. Él fue quien buscó a la madre de su amigo, le contó lo que había pasado con su hijo: los militares lo tomaron de los brazos y golpearon casi a muerte para hacerle declarar y aceptar ser miembro del cártel de Los Zetas.
La segunda testigo fue la suegra del joven. A ella le tocó ver cómo su yerno estaba sentado en el porche de su casa cuando los militares llegaron para llevárselo: “Dijeron que sólo le iban a hacer unas preguntas, pero le taparon la cara con su camisa y se lo llevaron”, dijo la mujer a su consuegra, según el expediente.
La madre fue a la Séptima Zona Militar a preguntar por su hijo. Nadie le dio razón ni de él ni del militar, pero se inició una investigación.
La PGR tomó el caso y recabó todas las versiones posibles, incluso la de un militar señalado como el perpetrador. El subteniente reconoció todo y para justificarse contó que una mujer le denunció a un par de jóvenes vendedores de droga. También dijo que se acercó a ellos para hablar y más tarde los habría invitado a platicar en otro lugar donde no fueran vistos con militares, por eso se los llevó a un paraje donde hay vías del tren para interrogarlos y después liberarlos.
El militar quedó detenido y se presentó ante un juez que no le creyó:
“(Este juez) considera que es muy grave la lesión o la afectación a los bienes jurídicos tutelados, que son múltiples, a saber: la integridad física del desaparecido, su libertad personal y su vida, así como el ámbito de protección a sus familiares, por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr obtener información sobre el paradero del desaparecido y el derecho a la verdad”, señaló el juez de orden federal en la sentencia.
En la resolución, el juez señaló un tema importante: el joven permanece desaparecido, porque el militar se resistió a decir dónde está.
Por esa omisión y el haber utilizado bienes del ejército, el juez dijo que el subteniente, especialista en combate al narcotráfico, según su hoja de vida, debía tener una sanción ejemplar: le dictó 31 años de prisión y 15 más de inhabilitación del servicio público.
“Lo que en el caso es trascendente, ya que al día de hoy lleva desaparecida la víctima por más de tres años, derivado además de una detención ilegal, sin que los familiares hayan obtenido información sobre el paradero a fin de que sea encontrado, vivo o muerto; lo que genera una zozobra en su estado anímico y una violación constante al derecho a la verdad, al que tienen derecho como víctimas indirectas del hecho”, recalcó el juez, de acuerdo con los documentos incluidos en el expediente.
Las extorsiones y desapariciones de una policía hoy extinta
La segunda dependencia cuyos agentes tienen más sentencias en contra por desaparición forzada de personas es la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la PGR.
Hay seis sentencias contra un número igual de miembros de la AFI, todas ellas relacionadas también con el delito de extorsión.
En los documentos se puede leer que fueron desaparecidas seis personas, cinco fueron localizadas con vida y una más sigue desaparecida.
Todas las sentencias coinciden en un mismo patrón: los agentes detuvieron a personas, las ingresaron a cárceles o separos y luego trataron de extorsionar a familias, haciéndoles pagar sumas entre los 50 mil y 200 mil pesos a cambio de la libertad y la vida.
La AFI fue una corporación que empezó a operar en 2001 como una fuerza civil de seguridad pública, a la que se unieron cientos de exmilitares a los que se otorgaron atribuciones para hacer investigaciones criminales.
Esta policía dejó de existir en 2012, por una reforma a la Ley de Seguridad, aunque en su historia se documentaron decenas de casos de corrupción y delitos.
Un ejemplo se encuentra en el expediente 72/2005, donde se relata cómo, el 29 de julio de 2005, un agente de la AFI entró a una casa en Michoacán, sacó a la fuerza a una mujer y la encarceló en el Centro de Readaptación de Morelia.
El agente habló con el padre de la joven —dueño de una tienda de abarrotes— y le dijo que si quería volver a verla debía pagar 50 mil pesos. El padre comprobó que todo fue un montaje para extorsionar; no era la primera vez que el agente utilizaba esa treta para cobrar dinero a cambio de la libertad de una persona.
El agente fue sentenciado a tres años de cárcel por extorsión y ocho meses más por el crimen de desaparición forzada, pues el juez consideró que este último crimen no era tan grave por haber sido llevada a un reclusorio de donde la víctima fue liberada.
Las otras cinco sentencias contienen narraciones similares: agentes que detuvieron a personas, las inculparon y luego pidieron dinero a cambio de la libertad de las víctimas. También coinciden en que los jueces desestimaron las desapariciones por considerar que habían sido temporales.
Incluso, en dos de las seis sentencias los jueces decidieron otorgar condenas por otros delitos y no contemplar la desaparición forzada.
Casos pendientes contra militares y marinos
En México hay al menos un 94% de impunidad en las investigaciones sobre desapariciones forzadas, según los análisis realizados por la ONU. Entre los casos que siguen aún en la impunidad está el de 30 elementos de la Secretaría de Marina, quienes en abril de 2021 fueron acusados por la desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo y José Luis Viramontes Arredondo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrida durante 2018. En octubre de 2021, un juez determinó que 12 de los marinos podían enfrentar el juicio en libertad.
Otro caso que sigue impune es el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, que ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Esto a pesar de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha documentado en sus tres informes la participación de toda la maquinaria estatal, incluyendo al ex Procurador General de la República, marinos, militares, policías municipales, estatales y federales.
De ese caso no se tiene una sola sentencia, debido, según señaló el equipo de especialistas del GIEI, a la obstrucción de las mismas autoridades para avanzar en la investigación.
Sentencias deficientes que no sirven para construir la verdad
Sandra Serrano, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México), estudió 28 de las 36 sentencias y encontró una característica: las investigaciones contra militares y policías son deficientes y no ayudan a construir verdades ni al acceso a la justicia para las víctimas.
“Se trata de versiones incompletas que, en muchos casos, dejan ver una mayor complejidad detrás de la desaparición de la persona, pero que finalmente no es abordada”, mencionó Serrano en el estudio Sentencias penales en casos de desaparición forzada de personas en los ámbitos federal y local.
El documento advierte que las investigaciones aportaron información incompleta sobre los hechos y que sólo tratan sobre los perpetradores materiales y no sobre los intelectuales.
“La mera existencia de sentencias no satisface el derecho de acceso a la justicia de las víctimas ni en términos de verdad ni de justicia, de acuerdo con los estándares de ese derecho”, escribió la académica de la FLACSO en México. “Las sentencias sí abren dudas de las razones por las que las investigaciones fueron limitadas y no se llevaron a cabo con la debida diligencia. Aún más si se considera que las propias sentencias aportan información que apuntaría a problemas complejos en los que se insertan las desapariciones”.
En la mayoría de los casos hay investigaciones centradas en perseguir y juzgar a los perpetradores, limitándose únicamente a recoger testimonios sin ahondar en otros temas, como los daños en las víctimas o en las estructuras de poder que llevaron a cometer esos crímenes.
Un ejemplo de lo que documentó Serrano se encuentra en lo que ocurrió en Chihuahua, estado en donde, hasta mediados de 2022, había más de 3 mil 500 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (RNPDNO).
En esta entidad se registraron 13 de las 36 sentencias por desaparición forzada.
De estas, siete juicios fueron contra policías municipales y estatales, cuatro en contra de miembros del ejército, uno en contra de elementos de la AFI y un integrante de la Policía Federal.
Las desapariciones se dispararon durante el Operativo Conjunto Chihuahua, que inició el 27 de marzo de 2008, estrategia de ocupación territorial con la que el presidente Felipe Calderón Hinojosa dio forma a lo que llamó “la guerra contra las drogas” y que implicó que los militares fueran asignados a tareas de seguridad pública.
Aunque se juzgaron 13 crímenes por desaparición forzada, las sentencias no sirvieron para esclarecer los hechos y evitar nuevas desapariciones.
Las siete sentencias juzgadas en tribunales locales contienen información valiosa sobre policías municipales y estatales que se unieron a las filas de cárteles, pero en ninguna se incluyeron investigaciones con mayor detalle sobre el modus operandi de las organizaciones criminales, tampoco se determinó si las desapariciones formaron parte de un patrón criminal.
En 2018 ocho organizaciones civiles enviaron una comunicación a la Corte Penal Internacional sobre la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad en Chihuahua, en la que alertaron de la complicidad entre grupos criminales y fuerzas estatales.
“La actual situación de violencia refleja una crisis preocupante en materia de seguridad, corrupción e impunidad estructurales, en donde se vinculan crímenes cometidos por agentes del Estado e integrantes de grupos criminales, quienes en ocasiones actúan en colusión”, se indicó en el documento.
En dicho documento se detalló que del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2017 se encontraban 445 personas en prisión militar, adscritas a la I, III y V Región Militar, de las cuales a 31 se les imputa el delito de desaparición forzada.
Entre todos esos casos, sólo hay cuatro sentencias condenatorias contra militares.
Las fiscalías revictimizan y son cómplices: Consejo Nacional Ciudadano
El Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha incluido en su informe sobre el caso México que, como lo señalaron las organizaciones de Chihuahua, existe una revictimización desde las dependencias de procuración de justicia y los tribunales.
Aunque la pasividad judicial y la revictimización no son las únicas violencias que se ejercen desde las autoridades.
Para el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, hay un problema más, el de complicidades de agentes del Ministerio Público para proteger a policías, agentes federales, marinos, militares y otros funcionarios.
“En la mayoría de los casos siempre existe esa parte de colusión de alguna manera”, dijo en entrevista Martín Villalobos Valencia, familiar de Mónica Alejandrina Ramírez, estudiante de psicología de la UNAM, desaparecida el 14 de diciembre del 2004, y miembro del Consejo Nacional Ciudadano.
El consejero señaló que tener sólo 36 sentencias por desaparición forzada en el país provoca distintas sospechas, algunas ya resueltas, como la falta de interés por mejorar los procesos de investigación por la gran cantidad de expedientes acumulados y el poco personal en las agencias del Ministerio Público para atender los casos.
Hay más sospechas, dijo el consejero, como el que se tengan investigaciones deficientes de manera dolosa o que se archiven los expedientes para tratar de encubrir a policías, agentes de investigación, fiscales, marinos y militares.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU indicó que es necesaria una intervención inmediata para tratar de reparar y dejar de revictimizar a las familias, pues si existen sólo 36 sentencias judiciales es porque hay una pasividad y complicidad.
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“Fragmentos de la Desaparición” es una investigación periodística que permite explorar la información sobre cómo México llegó a las 100 mil personas desaparecidas, quiénes faltan, desde cuándo y en qué territorios se resiente su ausencia. Esta es una serie de Quinto Elemento Lab y del proyecto A dónde van los desaparecidos que puedes ver en: https://quintoelab.org/fragmentos/cien-mil-despariciones-mexico