Integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios se manifestaron afuera del Congreso del Estado donde Miguel Ángel Riquelme daba su último informe como gobernador durante la mañana de este jueves 9 de noviembre.
Las organizaciones expresaron que el mandatario no cumplió muchas de las promesas realizadas y por eso el balance hacia su gestión es negativo.
Diana Iris García, fundadora de FUUNDEC tras la desaparición de su hijo Daniel Cantú Iris hace casi 17 años, señaló que la intención de la protesta fue evidenciar que se va dejando una deuda a las familias.
“Las promesas no fueron cumplidas porque no procuró convenios de colaboración con los estados vecinos, tampoco redujo los índices de impunidad: los ciclos se repiten y no hubo sanción a los responsables y tampoco recursos para fortalecer las instituciones de la búsqueda y localización y tampoco para la atención integral de las familias”, señaló.
También se refirió al decreto emitido en el mes de septiembre, en el cual se nombra como “policías vitalicios” a los fundadores del Grupo de Armas y Tácticas señalados como responsables de delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional.
“Es lamentable y es muy indignante y frustrante saber de estos decretos – publicado el 15 de septiembre- porque nosotros como coahuilenses seguimos pagando con nuestros impuestos a alguien que tenía la función de cuidarnos y no nos cuidó, sino al contrario: hizo graves violaciones a los derechos humanos. Es lamentable este decreto porque significa que toda la vida tendrán sus armas y en cualquier momento de locura o de efectos post traumáticos pueden cometer algún delito, agregó.
Las organizaciones citadas, junto con los colectivos Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras y Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en Coahuila en Monclova, emitieron un informe de la enorme deuda que en materia de desapariciones deja el gobierno de Riquelme Solís.
“Riquelme llegaba con la promesa de fortalecer las instituciones que atenderían esta tragedia humanitaria. Pero no fue así en estos seis años. Para el 7 de noviembre del 2023, unos días antes de finalizar su gobierno, había en Coahuila 3 mil 320 personas desaparecidas y no localizadas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)”, manifiestan en el documento.
Algunas de las observaciones que los colectivos hicieron fue que no cumplió con la recomendación 10 de Violaciones graves emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al no sancionar a los responsables y pretendió reducir su responsabilidad a indemnizaciones. “Siempre será más fácil negociar dinero que apostar por romper los pactos de impunidad”, subrayan.
En materia de recursos, afirman que la Comisión Estatal de Búsqueda ha tenido un presupuesto limitado bajo el argumento que es un problema de la federación y con ello obligando a las familias a revisar estados financieros lo que significa “administrar el drama y crisis de los derechos humanos”. Además la dependencia no logra acceder a los expedientes por negativas de la Fiscalía General, pese a que se exige una nueva forma de trabajar “no de discurso”.
Señalan que en el proceso de selección para ocupar la Comisión Estatal de Búsqueda, junto con la Academia Interamericana de Derechos Humanos, sean perfiles partidistas.
Agregan, como Heridas Abiertas lo dio a conocer, que el diálogo entre autoridades y familias ha sido mera simulación.
Demandan que el Centro Regional de Identificación Humana que presumió en su gobierno no se convierta en mausoleo, sino que se lleve a cabo la pronta identificación de más de mil cuerpos exhumados de los panteones municipales.
También señalan que el avance en las investigaciones es mínimo: “y después de casi dos décadas no hay teorías ni propuestas de construcción de casos y de su relación con otros; no hay vinculación con lo forense y con las muestras de ADN otorgadas desde hace más de una década por las familias. Hay familias, que por lo menos cinco veces dieron muestra de ADN y el Estado Mexicano no puede tener un Banco Nacional de Datos Forenses”.
Puntualizan que no se cumplió con la atención integral a las familias y, contrario a lo dicho por Riquelme Solís, nunca hubo una propuesta de política pública: “jamás presentó iniciativas que involucran a instituciones como la Secretaría de Salud, Vivienda, Educación, etc. La mayoría de los hijos e hijas de personas desaparecidas solo recibieron beca en una sola ocasión para continuar sus estudios; los padres y las madres debimos atender nuestras enfermedades ocasionadas por esta tragedia humanitaria con nuestros precarios recursos”.
Los colectivos afirman que la localización de personas que son familiares de sus integrantes se logró porque éstas fueron liberadas o escaparon y en otros casos con el apoyo de grupos de expertos como el Equipo Argentino de Antropología Forense. Ninguna sanción hay para quienes desaparecieron o extraviaron cuerpos.
El acceso a la justicia está negado
Los colectivos denunciaron que del 2006 a la fecha, el Poder Judicial de Coahuila ha emitido sólo cuatro sentencias en materia de desaparición forzada. Estos pocos resultados derivan de la colocación estratégica de funcionarios para no judicializar los casos, y lo que logran llegar a un juez recaen en quienes tienen conflicto de interés al ser parte de gobiernos o del partido en el poder “así se cubren las espaldas para mantener pactos de impunidad”.
Denuncian que la Comisión de Derechos Humanos en el estado también cubre los casos y como ejemplo señalaron que el director de Seguridad Pública cuando Riquelme Solís fue presidente municipal de Torreón, Adelaido Díaz Flores, tiene nueve quejas ante el ombudsman local desde el 2013 y no ha habido recomendación alguna; también hay una en la CNDH y pese a ello lo nombró como funcionario dentro de la Secretaría de Seguridad.
Mencionan que además no logró detener los feminicidios ni abusos sexuales a menores en instituciones de educación básica, entre otros temas.