Brendan Esteban Acosta cumple 13 años de que fue desaparecido. En esta ocasión retomamos el podcast realizado sobre su caso para el reportaje “Desaparición de menores en Coahuila: las ausencias que la autoridad ignora y mal registra”.
Este podcast fue producido por nuestro amigo Héctor Becerra Delgado (qepd) para el reportaje “Desaparición de menores en Coahuila: las ausencias que la autoridad ignora y mal registra”.
Este 2022 se cumplen diez años que las familias Pérez Rodríguez y Mendiola Acosta iniciaron la búsqueda de sus familiares desaparecidos en la carretera 85, que atraviesa el municipio de El Mante, en Tamaulipas, un territorio asolado por la violencia del crimen organizado. Sus búsquedas han dado respuestas sobre qué pasó con cientos de personas desaparecidas en esa región inhóspita.
Su compañera en Familias Unidas, Ariana García Bosque, destaca que el principal legado que deja es el esfuerzo de una madre para mover todo en busca de su hijo.
Las infancias y adolescencias desaparecidas sufren una doble revictimización. Ni autoridades estatales ni federales llevan un conteo exacto de la niñez desaparecida.
El pasado 25 de junio varias personas vestidas con playeras y blusas color rojo se concentraron en el CRIH y un sujeto no identificado dijo que se trataba de un “evento privado” en el inmueble público.
Al igual que los memoriales del “Árbol de la esperanza” -que hay en Torreón y Saltillo- esperan que esta iniciativa pueda replicarse y abonar a la memoria y resistencia de las familias que buscan a sus seres queridos.
A casi un mes de que una de sus integrantes acudiera a denunciar actos de hostigamiento, abuso de autoridad y robo por parte de elementos de la Policía Municipal, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-FUNDEM) se pronunció por los nulos avances en la investigación y seguimiento por parte de … Read more
En un país con más de 100 mil personas desaparecidas sólo existen 36 sentencias por desaparición forzada. Algunos integrantes del ejército, la Marina, agentes ministeriales o policías federales y locales han sido llevados a tribunales; pocos han sido encontrados culpables. Las penas que han recibido son mínimas. El más claro reflejo de la impunidad está en que, durante casi todos los juicios, no se ha logrado conocer el paradero de las víctimas.
El primer intento para organizarse fue en 2009, por las esposas de agentes de la entonces Dirección Estatal de Investigación, pero esa brasa fue apagada con rapidez. Con el paso de los años, de varios estados de la República arribaron a presionar a autoridades duranguenses para que les mostraran los archivos.