Su labor empezaba a diversificarse: seguir en la exigencia por localizar a sus desaparecidos, empezar a trabajar en un marco legal e insistir en la visibilización de un tema que se estaba generalizando en el noreste del país.
La buscadora Delia Icela Quiroa Flores Valdez,busca ser candidata a jueza de distrito en la primera elección judicial de México.
La llegada inminente de Donald Trump al poder ocasionó que los migrantes aceleren su paso para llegar antes del 20 de enero a Estados Unidos.
El camino puede seguir lleno de obstáculos, pero 20 años tuvieron para aprender a resistir; hoy habrá que buscar nuevas estrategias para seguir iluminando el camino de los demás.
El Estado Mexicano excluyó del Registro Nacional a más de 6 mil personas desaparecidas en seis estados y aprovechó la llamada estrategia generalizada de búsqueda para eliminar al menos 162 casos más. Estas acciones reflejan una grave falla en la gestión de la crisis de desapariciones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y una desconexión entre las autoridades y las familias afectadas.
De acuerdo al Poder Judicial, en torno a la causa penal 1321/2020 existen tres sentencias, pero en dos de ellas los inculpados apelaron la resolución y hasta el momento sigue abierta.
A un año de su asesinato, su familia, amigos y activistas de la entidad buscan que el recuerdo de Ociel mantenga la esencia de su activismo. Hace unas semanas propusieron al Congreso de Coahuila establecer el Día Estatal en Contra la Violencia hacia las Personas No Binarias el 13 de noviembre.
El recuerdo de la adolescente está presente en la memoria colectiva. Gracias a la lucha de su familia lograron la fundación del colectivo Víctimas por Nuestros Derechos en Acción (VIDA).
A un mes de llegar al poder, la presidenta no ha presentado un plan para enfrentar la crisis de desapariciones y de cuerpos sin identificar, y no ha respondido a las familias buscadoras que le han solicitado reunirse. Se ha limitado a afirmar que dará “seguimiento” a la metodología de búsqueda diseñada en la Ciudad de México y fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda.
Las familias de mujeres víctimas de desaparición son desalentadas a interponer una denuncia por este delito; especialistas ven una estructura de comercio y explotación sexual que la autoridad no quiere tocar.